Y se rasgaron las vestiduras

Desde la campaña presidencial, Abelardo De La Espriella dejó claro que su relación con la fe cristiana no sería un elemento marginal de su vida pública. La llamada “Patria Milagro” y el cierre de su discurso de victoria con un contundente “¡Viva Cristo Rey!” marcaron una diferencia frente a la tradición política reciente.

Por eso no sorprendió que, antes de asumir la Presidencia, convocara a su equipo más cercano a un retiro espiritual, un espacio de oración y reflexión en el que, según sus propias palabras, buscaría poner a Dios en el centro de las decisiones que marcarán el rumbo del país.

¡La reacción no tardó!

Sectores de oposición cuestionaron la jornada argumentando que Colombia es un Estado laico y que un mandatario no debería mezclar sus convicciones religiosas con el ejercicio del poder público.La discusión, sin embargo, merece más profundidad.

Un Estado laico no significa un Estado sin creyentes. Significa que ninguna religión tiene privilegios oficiales sobre las demás y que todos los ciudadanos, incluidos quienes ejercen cargos públicos, tienen derecho a profesar una fe o a no profesar ninguna. La Constitución no le exige al presidente abandonar sus convicciones espirituales cuando llega al poder. Le exige gobernar para todos.

La pregunta entonces no debería ser si un presidente puede orar, sino si sus decisiones de gobierno respetan la libertad y la dignidad de quienes piensan diferente.Ahí aparece una contradicción que vale la pena señalar.

Algunos de quienes hoy cuestionan con severidad la expresión pública de la fe cristiana han defendido con entusiasmo otras manifestaciones espirituales, especialmente aquellas relacionadas con prácticas ancestrales o de regímenes teocráticos de Medio Oriente. Y está bien que así sea. La diversidad espiritual hace parte de la democracia. Lo que no parece coherente es defender la libertad religiosa solamente cuando las creencias expresadas coinciden con determinadas posiciones ideológicas.

Pero más allá de la discusión política, hay un concepto que empieza a tomar fuerza en este nuevo escenario: la guerra espiritual. Para algunos puede sonar extraño o incluso ajeno. Sin embargo, incluso desde una mirada no religiosa, es posible reconocer que las sociedades no solamente se disputan recursos o instituciones; también se disputan ideas, valores y visiones sobre el ser humano.

La llamada batalla cultural es precisamente eso: una confrontación por el significado de conceptos como familia, libertad, justicia, verdad y dignidad.

El cristianismo ha entendido históricamente la guerra espiritual no como una lucha contra personas, sino contra aquello que destruye al ser humano: la mentira, el egoísmo, la corrupción, el odio y la desesperanza. Por eso el verdadero desafío para cualquier gobernante que invoque a Dios no está en la ceremonia ni en el discurso religioso. Está en la coherencia. Porque la fe puede convertirse en una inspiración para servir, pero también puede ser utilizada como una simple herramienta política.

Si un gobierno que habla de Dios actúa con justicia, humildad y honestidad, muchos encontrarán en ello un testimonio poderoso. Pero si cae en los mismos errores que han marcado históricamente a tantos sectores políticos —corrupción, abuso del poder, privilegios o falta de transparencia—, la decepción será aún mayor, porque no solamente habrá fallado un gobierno: habrá quedado comprometida una promesa espiritual.

Por ahora, lo que resulta evidente es que la fe volvió al centro del debate público colombiano…

Y mientras algunos se rasgan las vestiduras por la presencia de símbolos religiosos en la política, otros esperan que esa convicción se traduzca en algo más difícil que una declaración: una forma distinta de ejercer el poder.

Porque al final, la verdadera batalla espiritual no se libra en los discursos ¡Se libra en las decisiones!