«La paciencia está agotada»: Instituciones rechazan los supuestos «juicios revolucionarios» del ELN contra policías y agentes

Minuto30.com .- En las últimas horas las más altas esferas de la justicia y el control disciplinario del país han emitido un ultimátum categórico al Ejército de Liberación Nacional (ELN), exigiendo la liberación inmediata y sin condicionamientos de cuatro servidores públicos secuestrados el año pasado en el departamento de Arauca.

Los pronunciamientos marcan una línea roja frente a las acciones de los grupos armados ilegales.

Este llamado no solo representa una exigencia humanitaria urgente para poner fin al cautiverio de las víctimas, sino que se erige como una férrea defensa del Estado Social de Derecho y un rechazo absoluto a la intención del grupo guerrillero de usurpar las funciones de la rama judicial colombiana mediante la figura ilegítima de supuestos “juicios revolucionarios”.

El bloque institucional fundamentó su reclamo en los pilares más profundos de la democracia colombiana. Recordaron de manera enfática que Colombia es un Estado Social de Derecho, cimentado y regido por la Constitución de 1991.

Dicho mandato supremo establece de forma inquebrantable que son los jueces de la República, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos legalmente constituidos del Estado, los únicos encargados y facultados para administrar justicia en el territorio nacional.

El valor de la vida: Las instituciones recalcaron que el respeto por la vida, la integridad física y moral, y la libertad de todos los colombianos no es una concesión, sino el principio básico y fundacional del Estado.

El daño a la paz: La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General fueron claras en señalar que el uso repetido y sistemático de prácticas como el secuestro —absolutamente prohibidas tanto en Colombia como en el derecho internacional— destruye de manera directa la confianza de la sociedad en cualquier esfuerzo o mesa de diálogo que busque superar la violencia.

Las cicatrices del conflicto: La vasta y dolorosa experiencia de décadas de conflicto armado en el país ha demostrado hasta la saciedad que el secuestro no es una herramienta política, sino un acto de crueldad que solo causa más daño, dejando secuelas psicológicas y emocionales permanentes e irreparables en las víctimas, en sus familias y en el tejido social del país.

Las víctimas: Nombres que claman libertad

Las entidades hicieron un llamado con nombre propio, recordando que detrás de las cifras hay familias enteras sumidas en la angustia. Exigieron el respeto por la vida y la libertad inmediata de:

Jesús Antonio Pacheco Oviedo (Agente de la Dirección de Protección y Asistencia)

Rodrigo Antonio López Estrada (Agente de la Dirección de Protección y Asistencia)

Franki Hoyos Murcia (Integrante de la Policía Nacional)

Yordin Fabián Pérez Mendoza (Integrante de la Policía Nacional)

Asimismo, las instituciones aprovecharon para extender un profundo agradecimiento a las personas, organizaciones civiles, la Iglesia y las autoridades humanitarias que, en medio del silencio y el riesgo, mantienen activos los canales humanitarios en Arauca para lograr la liberación de estos servidores públicos como una muestra real de voluntad de paz por parte de la organización ilegal armada.

“La paciencia está agotada”: El duro pronunciamiento del Procurador General

El punto más álgido de la jornada institucional estuvo a cargo del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien elevó el tono para manifestar su más categórico repudio ante las recientes intenciones del grupo criminal autodenominado ELN.

En una declaración que no dejó lugar a ambigüedades, el jefe del Ministerio Público descalificó las maniobras propagandísticas de la guerrilla y su pretensión de someter a los agentes secuestrados a castigos bajo sus propias reglas armadas.

“Como colombiano y como Procurador General rechazo con toda contundencia los secuestros infames […] Es absolutamente inaceptable la pretensión alevosa e ilegítima de este grupo, de someterlos a supuestos ‘juicios revolucionarios’ y de prolongar arbitrariamente su cautiverio”, sentenció Eljach Pacheco.

El Procurador fue implacable al señalar que desconoce rotundamente cualquier poder o autoridad moral y legal de juzgamiento a civiles o miembros de la Fuerza Pública por parte de quienes calificó como “criminales, terroristas, narcotraficantes y enemigos de la democracia y la paz”.
Un crimen sin justificación ni amnistía

Para el Ministerio Público, las líneas jurídicas son claras. Ningún grupo armado ilegal, bajo ninguna bandera o ideología, puede arrogarse funciones de autoridad judicial, imponer condenas ilegales, o disponer de la libertad y la dignidad de los colombianos.

Ofensa a la Nación: “El ELN debe entender que con estos actos atroces insulta a toda la sociedad colombiana, sí, a toda, y dinamita los puentes que tanto las autoridades como la comunidad internacional le han tendido para facilitarle su tránsito a la legalidad”, puntualizó el Procurador.

Sin impunidad: Eljach recordó que el secuestro es una grave y flagrante violación de los Derechos Humanos (DD.HH.) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recalcó que este delito no puede ser amnistiado, que es castigado por la humanidad entera y que no admite justificación bajo ninguna circunstancia política o territorial.

El mensaje a los criminales: En una frase que resume el sentir de millones de ciudadanos, el funcionario advirtió: “La paciencia está agotada. Esos criminales solo merecen largas penas y repudio hasta cuando reparen todo el daño que le han causado a Colombia. Han abusado por demasiado tiempo y sin pudor alguno de la generosidad de esta sociedad que clama por la paz”.

Un llamado a la acción gubernamental e internacional

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación no solo exigió al ELN la liberación incondicional y en plenas condiciones de seguridad de las cuatro personas, sino que elevó peticiones claras hacia el Ejecutivo y la comunidad global.

El Procurador instó de manera perentoria al Gobierno Nacional a tomar todas las acciones pertinentes, estratégicas y operativas para buscar la libertad de los funcionarios secuestrados y garantizar la salvaguarda del orden nacional. A su vez, exhortó a las autoridades judiciales y militares competentes a agotar todos los recursos legales para perseguir, someter y enjuiciar con todo el peso de la ley a los responsables de estos plagios.

El pronunciamiento concluyó con un poderoso llamado a la comunidad nacional e internacional, a los organismos humanitarios como la Cruz Roja, y a todas las instituciones del Estado, a mantener una voz firme, unida e inquebrantable frente a estos hechos criminales que hoy ofenden la dignidad humana y lesionan profundamente el corazón de la nación colombiana. La solidaridad total hoy reposa en las familias de Jesús, Rodrigo, Franki y Yordin, quienes esperan que la justicia y el Estado de Derecho prevalezcan sobre el terror.