Cuando la izquierda se volvió lo que odiaba

La historia política de Colombia parece un bucle infinito de promesas traicionadas. Durante décadas, la izquierda se erigió como el juez moral de la nación, señalando con dedo acusador la corrupción, el despilfarro y la desidia de la derecha. Nos vendieron la idea de que el “gobierno del cambio” sería el antídoto contra los vicios de las élites tradicionales. Sin embargo, hoy, con el primer semestre electoral golpeando la puerta, la realidad nos estalla en la cara: el poder no cambió las mañas, solo cambió de manos. Aquellos que ayer denunciaban el “Estado podrido” hoy se sientan en el banquete del erario mientras el país observa, con una mezcla de náusea e indignación, cómo se repiten los mismos pecados que juraron desterrar.

Es doloroso y ofensivo ver que, mientras el departamento de Córdoba —tierra natal del presidente— se ahoga bajo las lluvias con 50.000 familias damnificadas y siete muertos, la respuesta del mandatario sea el silencio y el desplante. Los alcaldes esperaron una audiencia que nunca llegó; el “presidente del pueblo” no tuvo tiempo para los suyos. Esta indolencia no es nueva, pero duele más cuando viene de quien usó la periferia como bandera de campaña. El abandono de las comunidades, ese mismo que la izquierda tildaba de “genocidio burocrático” en gobiernos ajenos, es hoy la marca registrada de una administración que prefiere la retórica internacional a la gestión del barro y la tragedia local.

La ética pública, esa que supuestamente llegaría con el nuevo gabinete, ha sido pisoteada por un desfile de sombras judiciales. Es inaudito que el círculo más íntimo del presidente, desde Laura Sarabia hasta Ricardo Roa y Armando Benedetti, esté bajo la lupa de la justicia. Diez fichas clave, diez nombres que gozan de la confianza absoluta de Petro, están hoy salpicados por indagaciones y señalamientos. ¿Este era el cambio? Tener a más de 68 ministros en menos de cuatro años no es “dinamismo”, es una muestra fehaciente de caos administrativo y una incapacidad patológica para gobernar con transparencia. Han convertido el Palacio de Nariño en una puerta giratoria de sospechas.

El descaro con el que se “raspa la olla” del presupuesto en vísperas electorales es, simplemente, un insulto a la inteligencia del colombiano. Casos como el del hermano de la ministra de Cultura con contratos millonarios, o la adjudicación de 23.000 millones de pesos a un maquillador y un fotógrafo vinculados a la ex primera dama, Verónica Alcocer, demuestran que el dinero de nuestros impuestos se está “mecateando en cositas”. No hay pudor. Mientras el país se aprieta el cinturón, el círculo presidencial gasta el erario en lujos innecesarios y burocracia familiar. La “primera divorciada” sigue disponiendo de recursos públicos como si se tratara de una herencia privada, ante la mirada cómplice de un presidente que prefiere ignorar el desfalco.

Las cifras de Transparencia Internacional son la sentencia de este fracaso moral. Caer al puesto 99 en el Índice de Percepción de la Corrupción y quedar por debajo del promedio regional es la prueba reina de que el control del sector público se ha desmoronado. No es una percepción subjetiva; es el resultado de un gobierno que permitió que la corrupción se mimetizara bajo el discurso de la justicia social. Obtener 37 puntos sobre 100 es una calificación de derrota para cualquiera, pero para un gobierno que prometió ser la “potencia mundial de la vida” y la transparencia, es una estafa histórica que debería avergonzar a cada uno de sus funcionarios.

Lo más aterrador, sin embargo, es el abismo económico en el que nos han hundido. Entramos a 2026 con una factura impagable: 130 billones de pesos en servicio de deuda. Es una ironía sangrienta que, siendo el presidente economista de profesión, haya permitido que uno de cada tres pesos del recaudo se destine a pagar intereses, dejando a la inversión social —el corazón de su programa— en la absoluta inanición. Nos deja un país hipotecado, con tasas altas y un margen de maniobra nulo. El “cambio” resultó ser un pésimo negocio donde los únicos que ganaron fueron los contratistas amigos y los funcionarios bajo sospecha, mientras el pueblo recibe apenas las migajas de un banquete que ellos mismos pagaron.

Y lo último fue el fallecimiento de Kevin Arley Acosta Pico, de tan solo siete años, que esperó que la Nueva EPS le brindara el tratamiento requerido para su hemofilia A severa. Mientras la entidad dilataba por semanas la atención vital, la respuesta del mandatario se centró en revictimizar a su madre, culpándola por permitirle usar una bicicleta en lugar de asumir la responsabilidad por la falta de insumos que habrían salvado su vida.

Ante las urnas que nos esperan este semestre, la reflexión es obligatoria y urgente. No podemos seguir permitiendo que nos vendan mesianismos de izquierda o de derecha que terminen en el mismo lodazal de despilfarro y cinismo. Colombia no aguanta un período más de políticos que denuncian la corrupción para luego practicarla con mayor eficiencia. La indignación debe traducirse en un voto de castigo contra la hipocresía. Si la izquierda “también lo hizo”, y lo hizo con tal descaro, es hora de que la ciudadanía entienda que el verdadero cambio no está en un color político, sino en exigir una decencia que hoy brilla por su ausencia en la Casa de Nariño.