El fin de la alcancía legislativa

Es una afrenta directa a la dignidad del pueblo colombiano que, durante décadas, la política se haya transformado en el negocio más lucrativo del país. Mientras el ciudadano de a pie lucha por estirar un salario mínimo que apenas cubre la canasta básica, los pasillos del Congreso se han convertido en pasarelas de una aristocracia moderna. Ser legislador no debería ser un camino rápido hacia la riqueza, sino un servicio de sacrificio. Resulta indignante ver cómo se perpetúan en sus cargos, no por amor a la patria, sino por una estructura de privilegios, preventas y comisiones oscuras bajo la mesa que favorecen a contratistas amigos.

Produce un profundo asco democrático recordar cómo se blindaron sus bolsillos. Desde la consolidación del esquema salarial en la Ley 4ª de 1992, los congresistas se acostumbraron a una burbuja de opulencia ajena a la realidad nacional. No contentos con sus dietas, se sumergieron en una red de beneficios donde la gestión de contratos se convirtió en la moneda de cambio para muchos. Es esa política del “favor y la tajada” la que ha permitido que personajes sin escrúpulos acumulen fortunas mientras el país padece baches sociales, en nuevas infraestructuras y deficiencias en su salud.

Por eso, la expedición del Decreto 0030 de 2026 no es solo una medida administrativa; es un acto de justicia poética que genera un alivio genuino. El Gobierno Nacional finalmente ha puesto el dedo en la llaga al eliminar esa “prima especial de servicios” que, en la práctica, era un regalo injustificado. Es refrescante ver que, por fin, se reconoce que la remuneración de los legisladores es totalmente desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos. La política debe dejar de ser el refugio de quienes buscan ser millonarios a costa del erario.

Este decreto tumba un legado de conveniencia que databa de 2013, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos ideó esta prima para disfrazar antiguos beneficios de salud y vivienda. Fue una jugada maestra de maquillaje financiero para mantener altos los ingresos de una clase política que se resiste al cambio. Durante años, hemos sido testigos de la hipocresía en el Capitolio: desde 2015 se presentaron cerca de 18 proyectos para reducir o congelar estos salarios, y todos, sin excepción, fueron archivados por los mismos beneficiarios. El cinismo de ser juez y parte en su propia riqueza ha llegado a su fin.

A partir del 20 de julio de 2026, el panorama será distinto para quienes lleguen a ocupar una curul. Con la derogación del decreto 2170 de 2013, los parlamentarios dejarán de percibir la escandalosa suma de $16’914.540 pesos mensuales. Es un golpe seco a la estructura de costos del Estado y un mensaje claro: el dinero público no es una piñata para los honorables padres de la patria. Ya no habrá espacio para esa “prima especial” que inflaba sus cuentas bancarias sin una justificación real de productividad.

La matemática de esta victoria ciudadana es contundente. Un congresista que hoy devenga alrededor de $52 millones de pesos pasará a recibir cerca de $35,7 millones. Si bien sigue siendo una cifra alta comparada con el resto de los trabajadores, la reducción es significativa. La remuneración quedará limitada a dos componentes: el sueldo básico de $12’455.244 y los gastos de representación de $22’142.662. Es el comienzo del desmantelamiento de un sistema donde el poder era sinónimo de acumulación desmedida de capital.

Esta medida debe ser el primer paso para una profesionalización honesta en todos los niveles, desde el Congreso hasta las asambleas y concejos. Si bien los diputados y concejales lograron sus regímenes de honorarios y prestaciones a mediados de los 90, la sombra del derroche siempre ha perseguido a la representación popular. El servicio público debe volver a su esencia: un honor que se paga con vocación, no una inversión para volverse millonario. El Decreto 0030 es, al menos hoy, un respiro de sensatez en un mar de excesos.