El derecho internacional sin dientes y la urgencia de una autoridad global efectiva

El derecho internacional público atraviesa una crisis que ya no admite eufemismos. No es una crisis de normas, ni de tratados, ni de declaraciones. Es una crisis de poder. O, mejor dicho, se impone preguntarse ¿la ausencia de un poder capaz es deliberada?

El contraste es tan evidente como incómodo. El derecho internacional privado —contratos, arbitrajes, reconocimiento de sentencias— funciona. Tiene jueces, procedimientos y mecanismos de ejecución reales. Produce consecuencias. En cambio, el derecho internacional público —el que debería proteger la paz, la vida civil, la integridad territorial y la legalidad entre Estados— fracasa sistemáticamente cuando entra en conflicto con los intereses de las grandes potencias.

Hoy los Estados violan abiertamente el derecho internacional, desconocen fallos judiciales, cometen actos ilegales y vulneran derechos fundamentales sin enfrentar sanciones oportunas. No porque el derecho sea confuso, sino porque el sistema está diseñado para permitir que el poder bloquee a la legalidad.

El problema es estructural. El orden internacional descansa sobre una premisa que ya no resiste la realidad del siglo XXI: la soberanía absoluta y el consentimiento voluntario como únicos límites al poder estatal. Esa ficción jurídica se traduce en impunidad cuando los Estados más poderosos deciden que las reglas no aplican para ellos.

El símbolo más claro de esta distorsión es el derecho de veto. Un mecanismo anacrónico que convierte el Consejo de Seguridad en un órgano paralizado, selectivo y profundamente desigual. Cinco países pueden bloquear decisiones colectivas, incluso frente a guerras, crímenes masivos o violaciones flagrantes del derecho internacional. No importa la gravedad de los hechos: si afectan los intereses de un miembro permanente, la legalidad se detiene.

El resultado es un sistema jurídico en el que las normas existen pero no se aplican; en el que la justicia internacional depende de conveniencias geopolíticas; y en el que no hay igualdad ante la ley. Eso no es un orden jurídico: es administración política de la impunidad.

Los ejemplos sobran. Rusia ha utilizado su veto para bloquear respuestas efectivas frente a la agresión contra Ucrania, mientras los hechos sobre el terreno avanzan sin freno. China desconoció el laudo arbitral de 2016 sobre el Mar del Sur de China sin enfrentar consecuencias reales. Estados Unidos, cuando percibe que un tribunal internacional afecta sus intereses, opta por desacreditarlo o sancionarlo. EEUU instrumentaliza las figuras del derecho internacional público hace mucho tiempo

Valga recordar que, con los ataques del 11 de septiembre, ellos establecieron la Carta Democrática de la OEA… mientras que, frente a la CPI, dijeron que pueden invadir a La Haya para recuperar a cualquiera de sus ciudadanos

Sucede que al menos los otros gobernantes no utilizan el garrote. Trump, para mal o para bien, sí lo está haciendo. Ahí la cuestión delicada no solo es jurídica sino política: el tema de Groenlandia puede  quebrar seriamente las relaciones con Europa

Así, la legalidad internacional se transforma en un menú selectivo. Se condena lo que conviene, se silencia lo que incomoda y se administra la indignación global con criterios políticos. A esto se suman las llamadas “zonas grises”: sanciones unilaterales, operaciones encubiertas, ciberataques, detenciones extraterritoriales, reconocimientos selectivos de gobiernos. El derecho se invoca como discurso, pero se aplica como excepción.

Frente a este panorama, la discusión ya no puede ser si el derecho internacional es necesario. Lo es. La pregunta real es si el mundo está dispuesto a seguir tolerando un sistema que protege al fuerte y abandona al débil; que proclama normas universales, pero las ejecuta de forma selectiva.

No se trata de abolir la soberanía, sino de redefinirla. La soberanía no puede seguir siendo un escudo para la impunidad en un mundo interdependiente, donde las guerras, las crisis humanitarias, el crimen transnacional y el colapso ambiental no respetan fronteras.

Por eso, el debate serio ya no es si el mundo necesita derecho internacional. La pregunta es si el mundo está dispuesto a seguir con un diseño institucional en el que cinco países pueden paralizar decisiones colectivas en nombre de sus intereses nacionales. ¿Cuánto más se está dispuesto a tolerar la inoperancia del actual?

Mientras no exista una autoridad internacional con legitimidad democrática, reglas claras y capacidad real de ejecución, el derecho internacional público seguirá siendo un derecho retórico: respetado cuando conviene y descartado cuando estorba. Y ese vacío no lo llena el derecho. Lo llena la fuerza.

El mundo necesita un árbitro real. Sin vetos. Con mayorías que decidan. Y con consecuencias que se cumplan. Porque un derecho sin dientes no es derecho: es decoración institucional.