El 2026 es crucial para corregir el rumbo de Colombia

Colombia llega a 2026 con una combinación de urgencia y agotamiento incómodo. No es únicamente “otra elección”: se trata de un momento propicio para rectificar direcciones en dos tableros a la vez: Congreso y Presidencia, en una nación que tiene la percepción de que el manejo del gobierno no ha sido acorde con la magnitud de los problemas. También está el tiempo en contra: la primera vuelta presidencial será el 31 de mayo de 2026 y las elecciones del Congreso se llevarán a cabo el 8 de marzo del mismo año. Lo que se resuelva en marzo afectará, ya sea positiva o negativamente, la gobernabilidad de mayo.

La primera verdad incómoda es de carácter institucional: si no hay Congreso, no existe el gobierno. El próximo gobierno podría tener mayorías, coaliciones débiles o bloqueo constante dependiendo de la elección legislativa. Colombia ya estaba funcionando bajo un sistema de coaliciones, en el que las alianzas tienen tanto peso como las ideologías. Por lo tanto, el debate electoral no tendría que limitarse a las personalidades: la cuestión principal es cuáles fuerzas tendrán la capacidad efectiva de aprobar (o bloquear) los presupuestos y generar políticas en materia de infraestructura, economía, salud y seguridad.

La segunda verdad tiene que ver con el territorio. La violencia y la presión ejercida por grupos armados ilegales continúan, lo que tiene efectos directos en la inseguridad en los territorios, provocando así efectos negativos en las próximas elecciones. En 2024, se produjeron 76 masacres con 267 víctimas (según Indepaz, citado por El País), y en el año siguiente, más de un millón de individuos sufrieron las restricciones a la movilidad y los confinamientos (OCHOA – Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios). Alertas Tempranas por peligros electorales entre finales de 2025 y 2026 han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo; la MOE (Misión de Observación Electoral) ha advertido sobre riesgos relacionados con la violencia contra los liderazgos, las barreras para el voto libre y la desinformación para 2026. La capacidad de votar sin temor es el criterio para medir una democracia.

La tercera verdad es de carácter social y describe el estado de ánimo del electorado. El desplazamiento forzado no se estabilizó: Según UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), se registraron nuevos sucesos masivos en 2024-2025; mientras que ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) reportó altos niveles de desplazados en Colombia en el año 2021. En el sector salud, persiste la brecha entre cobertura y acceso: la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ya había señalado una deficiencia estructural (1,9 camas por cada mil personas), y actualmente aumentan las quejas y tutelas mientras los hospitales lidian con estrés financiero (MinSalud). En el ámbito económico, existen señales mixtas: por un lado, el desempleo femenino se redujo al 9,6% en 2025 (DANE), pero la informalidad continúa siendo alta y el crecimiento es moderado. A pesar de que el IPOC (Indicador de Producción de Obras Civiles) aumentó 13,1% en el trimestre del 2025 respecto al 2024; según el último informe de Corficolombiana, la producción de obras civiles total está 27,8% por debajo de los niveles previos a la pandemia. la construcción de carreteras es aproximadamente un 43,8% inferior a la de 2019 (Infobae; DANE). En justicia, tanto la congestión como la percepción de impunidad socavan la confianza.

Las elecciones de 2026, en este contexto, es simbólica: determina si se podrá modificar la dirección del país. Los criterios de voto deben ser: gobernabilidad que comprenda negociar sin impunidad; lograr reglas claras y transparencia en la financiación y el control electoral; servicios que la gente percibe una adecuada educación, salud, empleo e infraestructura; y así mismo la seguridad integral con una presencia territorial constante.