Emergencia Económica contra la Constitución y los colombianos

El escándalo de esta semana es el ataque del gobierno a la democracia declarando un estado de emergencia para implementar la reforma tributaria que le rechazó el Congreso. El escandalito, la oscura colocación de $23 billones en deuda pública sin los procedimientos usuales.

La colocación de $23 billones, algo más de 6.000 millones de dólares a la fecha, se hizo de manera directa a un inversionista privado cuyo nombre no se conoce y sin información oficial sobre el interés que se pagará. Sin embargo, se ha filtrado que el gobierno pagará una tasa de 13,15%. La operación rompe con la transparencia con que hasta ahora se había manejado la deuda colombiana, mediante subastas públicas, neutralidad y entregando la misma información a todos los actores al mismo tiempo. ¿Quién fue el beneficiado? ¿Por qué se pagó esa prima extraordinariamente alta? ¿Hubo intermediación con comisión de por medio?

La operación muestra que el Ministerio de Hacienda tiene gravísimos problemas con la deuda pública y cada día le cuesta más trabajo colocar los bonos colombianos y debe pagar unas tasas más altas.

Para septiembre de este año, la deuda bruta del Gobierno aumentó $169 billones en comparación con el mismo mes del 2024, el mayor salto anual desde 2002. Desde septiembre de 2022, el saldo total ha crecido en $317 billones y llegó a $1.138 billones en septiembre de 2025. La deuda es 38,6% mayor que la de Duque que, no hay que olvidarlo, tuvo que lidiar con la pandemia y endeudarse para enfrentarla.

Hoy pagamos en promedio tasas de 12% por deuda a 10 años, cuando en la década pasada estábamos entre 6% y 8%. Si antes pagábamos intereses similares a Chile, México y Perú, nuestros pares regionales en materia fiscal, hoy pagamos unas de las tasas más caras del mundo junto con Turquía y Ucrania.

La deuda neta está por encima del 61% del Producto Interno Bruto (PIB) es decir, destinamos $61 pesos de cada $100 que producimos al año al pago de deuda. En el 2026 será el 63%. Del dinero que recaudamos en impuestos, un tercio va al pago de intereses de la deuda, de manera que hay muy poco espacio para inversión y gasto productivo. El panorama no es mejor. La CARF prevé que en 2027 la deuda neta del país llegue el 64,4% del PIB.

Ahora, el peligroso aumento de la deuda solo refleja el problema de fondo: el déficit fiscal, 7,1%, el más alto de la historia y, otra vez, superior al de la pandemia, déficit que será el 7,6% del PIB en 2026. El gobierno gasta más, mucho más que lo que ingresa, y para cubrir la diferencia, que es cada vez mayor, se endeuda más y a un costo más alto. Si el presupuesto nacional en 2022 fue de $350,4 billones, el del próximo año es de $546,9.

Y acá vamos al escándalo. Petro presentó al Congreso una nueva reforma tributaria para cobrar más impuestos que le permitan gastar aún más en funcionamiento, nómina y contratos de prestación de servicios. Durante Petro el funcionamiento ha crecido 74,1%, la nómina aumentó de 1.318.729 servidores públicos en 2022 a 1.398.483 a agosto de este año, y solo en el primer semestre Petro celebró 394.600 contratos de prestación de servicios que nos costaron $14,1 billones, sin incluir SENA ni ICBF.

Petro gasta mucho más y la economía crece mucho menos. Si en el 2022 la economía creció 7,5%, en 2023 solo aumentó 0,6% (el más bajo en cien años exceptuando la pandemia), 1,7% en 2024 y alrededor del 2,6% este año. Por todas esas razones, los parlamentarios esperaban que el gobierno hiciera un esfuerzo en el control del gasto y buscara disminuir el déficit, y no le aprobaron la tributaria.

La ley dice que si no se aprueba una tributaria el gobierno debe aplazar o recortar el gasto presupuestal desfinanciado. Pero Petro decidió declarar un estado de emergencia para poner en marcha por decreto lo que le negaron en el Congreso. Quiere hacerlo, además, cuando las Cortes están de vacaciones, de manera que la Constitucional no pueda ejercer el control automático sobre los estados de excepción que ordena la Carta del 91.

No es solo un acto desleal. Es una trampa a la Constitución y a la separación de poderes. Está dentro de las competencias del Congreso no aprobar nuevos impuestos. Si negar una tributaria fuera causal para declarar una emergencia económica, como alega el gobierno, el Congreso siempre tendría que aprobar las reformas tributarias que le presente el gobierno. Lo que Petro quiere, una vez más, es implementar por decreto lo que el Congreso no le aprobó por ley.

Además, la emergencia económica está constituida para enfrentar hechos sobrevivientes y excepcionales, no sistémicos, previsibles y provocados por el mismo gobierno como el déficit fiscal y el presupuesto desfinanciado.

Urge que Petro abandone sus tendencias autoritarias, respete la independencia del Congreso y no se burle del control constitucional mediante el aprovechamiento de la vacancia judicial para impedir su ejercicio.

Lo que la situación exige es austeridad y disciplina fiscal, reducir el gasto de nómina y los contratos de prestación de servicio, y dejar de meterle la mano al bolsillo a los colombianos, trabajadores y honestos, para que Petro derroche el fruto de su esfuerzo en corrupción y en aceitar la maquinaria del Pacto Histórico para las elecciones.