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Nuevo proceso penal contra Petro por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial

Nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro por supuesta financiación ilegal en su campaña presidencial de 2022.

Publicado por: Melissa Noreña

Nuevo proceso contra Petro por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial
Cortesía
Nuevo proceso penal contra Petro por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial

Resumen: El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva investigación por financiación ilegal en su campaña presidencial de 2022, relacionada con la firma Daily Cop, que operaba como una pirámide.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva investigación por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por supuesta financiación ilegal en su campaña presidencial en 2022, por la firma de Daily Cop.

Esta investigación se suma a una investigación similar que ya está en curso, centrada en el manejo irregular de fondos durante la campaña presidencial del actual mandatario.

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La nueva indagación pone el foco en los recursos que, al parecer, ingresaron a la campaña presidencial sin ser reportados a las autoridades electorales, provenientes de la mencionada firma Daily Cop. Esta empresa, que operaba como una pirámide, estafó a cientos de colombianos antes de ser desmantelada.

Ahora, el presidente Petro está citado para una diligencia virtual para el 19 de noviembre, para que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien inició la investigación, amplíe los detalles de la denuncia.

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Según las declaraciones de Ómar Hernández, uno de los responsables de Daily Cop, la firma proporcionó recursos a la campaña de Petro, como el uso de un avión privado para desplazamientos del entonces candidato.

Además, Hernández confirmó reuniones con Ricardo Roa, gerente de la campaña, para coordinar los supuestos aportes ilegales.

Si se comprueba la denuncia, Petro podría enfrentar penas de entre 4 y 8 años de cárcel por financiación ilegal de su campaña.

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