En un llamado urgente por los derechos de los menores de edad, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, se pronuncia respecto a los más de 150 mil niños que no estan recibiendo PAE.
El Programa de Alimentación Escolar, PAE, presentó un corte al 18 de marzo con 118.139 beneficiarios que no habrían recibido los alimentos.
Mismos estudiante que no han sido beneficiarios del programa pese a haber pasado dos meses del inicio de clases.
A esta población, se le suman 36.104 estudiantes indígenas que tampoco cuentan con acceso al servicio alimentario llamado PAE indígena.
La Contraloría por su parte, hace un llamado para que se implementen medidas eficaces para el acceso de los niños al servicio de alimentación.
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Según la Contraloría, estas son algunas de las regiones más afectadas por la falta de suministro del PAE:
Sucre, Sincelejo, Girardot, Antioquia y varias comunidades indígenas ubicadas en Buenaventura, Cesar, Valledupar, Santa Marta, Huila, La Guajira y Riohacha.
Asimismo, sobre el balance, se informa que pese a que van dos mese de calendario escolar, algunas entidades territoriales no han iniciado el servicio de alimentación.
Entre ellas, se encuentra Girardot, la cual, pesar de haber adelantado un proceso de licitación pública, el mismo se declaró desierto el 1.° de marzo de 2024
Así como Sincelejo, donde se contrató la operación del PAE para los próximos cuatro años pero además arrancaría la atención esta semana.
Por su parte, la Contraloría informa diversas entidades territoriales en que comenzó el servicio de manera parcial, iniciando atención en 105 municipios de Antioquia.
No obstante, de estos municipios, 11 no reportan inicio de operación.
En Atlántico se presenta una operación parcial pues por el momento solo se atienden grupos priorizados, como estudiantes de jornada única.
Al igual que en Sucre, donde se reportó el inicio de atención del PAE indígena desde el 14 de febrero y se adelanta una licitación para el PAE general.
En Buenaventura aún no se tiene atención debido a trámites pendientes con las autoridades indígenas.
Y en el Cesar, se adelantan cuatro procesos de contratación, aunque no se presente reporte de inicio de atención.
Finalmente, el contralor Zuluaga advierte que la Contraloría General adelanta un ejercicio constante de vigilancia al PAE a nivel nacional.
Seguimiento en el que encontró que durante el periodo 2020-2023 se identificaron hallazgos fiscales por una suma de $47.938 millones.
Estos hallazgos citados, se relacionan principalmente con presuntos sobrecostos por $23.220 millones, y con falencias en la ejecución contractual, con $15.863 millones.
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