La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, calificó el llamado a juicio y la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, como una nueva evidencia de cómo la procuradora Margarita Cabello, hace política con el cargo.
De acuerdo con la congresista del Pacto Histórico, la animadversión de Cabello hacia el Gobierno la ha llevado a pronunciarse, incluso, sobre temas y políticas públicas que no son de su competencia como, por ejemplo, las reformas sociales planteadas por el Primer Mandatario.
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“Este es un hecho más de una cadena de sucesos, que ha conocido el país, que muestran abiertamente que la Procuradora se ha dedicado a hacer política y a hacer politiquería en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, hay hechos reiterados, se ha pronunciado en temas que ni siquiera son los de su competencia en contra de las reformas sociales que está proponiendo este Gobierno, incluso ha llamado que un pliego sindical a la reforma laboral”, aseguró la senadora animalista.
Hernández señala, además, que la sanción al Canciller tiene un agravante porque está sancionando una intención de abrir, democratizar un proceso de selección que durante décadas ha sido objeto de un monopolio.
“Un monopolio que ha sido, simplemente, utilizado y manipulado por una sola empresa, entonces yo creo que es abiertamente contrario a lo que debería promulgar y defender la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, ratifica una postura política abiertamente en contra de la institucionalidad actual”, puntualizó la senadora Esmeralda Hernández.
Por su parte el senador Humberto De la Calle, contrario a lo expuesto por la senadora del Pacto Histórico, criticó la actitud asumida por el presidente Petro de calificar como persecución política la investigación que adelanta la Procuraduría y lo instó a que, en su calidad de Jefe de Estado, permita que cada entidad u organismo del Estado cumpla con sus funciones constitucionales.
“Creo que ya es hora de eliminar esa tendencia del Presidente, cada vez que alguien inicia investigaciones sobre funcionarios de su administración, de refugiarse siempre en la persecución política, lo que estamos viendo es investigaciones que involucran a una serie de funcionarios, incluso, del más alto nivel, hay que permitir que se investigue. La garantía que puede exigir, tanto el Gobierno como nosotros como ciudadanos, es que no se trate de una persecución política y que se base en bases ciertas, el Presidente debería tener el equilibrio de abrir las puertas y más bien decir que está dispuesto en su Gobierno a ese juicio ciudadano sobre acciones de los administradores públicos”, señala el exvicepresidente De la Calle.
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