Proyecto de ley busca frenar el aumento exagerado del impuesto predial

El ordenamiento territorial y el conocimiento de la geografía de son, hoy por hoy, elementos fundamentales para la formulación de políticas públicas, asignación de recursos, definición de obras y formulación de planes para el crecimiento económico y social que impacten de manera positiva a las poblaciones.

Su desconocimiento puede convertirse en el mayor obstáculo para lograr un crecimiento en equidad de los pobladores, así como la distribución injusta e inequitativa de los presupuestos públicos, a la hora de emprender acciones encaminadas al crecimiento equilibrado y en armonía con la naturaleza, en entornos geográficos y sociales sostenibles.

Y una de las tareas pendientes para lograr un desarrollo económico y social con equidad es, quien lo creyera, conocer en detalle las características físicas y socio económicas de los territorios, al punto que más del 90 por ciento de los 1.102 municipios en los que está dividida la administración pública del país desconocen sus realidades geofísicas, es decir, no cuentan con información catastral actualizada y en detalle para la definición e inversión de sus presupuestos y, en muchos casos, los recursos públicos terminan invirtiéndose o ejecutándose erróneamente, sin responder en detalle a las necesidades de la población.

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Regularmente la actualización de la información catastral, termina golpeando de forma aguda el bolsillo de los ciudadanos, pues de ella depende el cobro del impuesto predial, como ocurrió en el 2022 en poblaciones como Sativasur en Boyacá donde el impuesto creció 2.000 por ciento en relación con lo cobrado un año antes o Chía, en Cundinamarca donde el aumento del recibo del predial llegó al 900 por ciento, sin dejar de lado lo ocurrido en Barbosa, Antioquia, cuando sus habitantes vieron que de un año a otro el pago del impuesto predial creció cinco veces, sin tener mayores detalles del por qué.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, máxima autoridad en materia de información catastral en nuestro país, el 90 por ciento de los municipios colombianos registran retrasos entre 12 y 30 años en la información geofísica y geoeconómica de sus predios, de sus evoluciones en materia de construcciones y usos del suelo, con lo que se siguen cobrando impuestos con valores de hace tres décadas, afectando las finanzas municipales y en consecuencia la definición de las políticas públicas para el bienestar general de sus pobladores.

Conjugando el punto uno del acuerdo de paz firmado entre el Estado y la Farc, que definió la necesidad de llevar a cabo una actualización catastral multipropósito, el Gobierno a través del IGAC emprendió la tarea de actualizar la formación catastral de al menos 605 municipios, pero para evitar impactos sociales como los registrados en Sativasur, Chía o Barbosa, poblaciones en las que el descalabro en las finanzas de la gente se podría calificar de monumental y generó preocupantes conflictos sociales, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley al Congreso, para frenar en seco cualquier alza desmesurada en el cobro del impuesto predial.

En 30 Minutos, de Minuto30.com, dialogamos con Gustavo Adolfo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para conocer más de cerca la realidad catastral de nuestro país y entender las razones por las cuales el impuesto predial, en muchas poblaciones, crecerá entre el 50 y el 300 por ciento, dependiendo de sus características físicas de los inmuebles, predios y el uso que tiene hoy el suelo, no como venía ocurriendo en varios municipios en donde, de un año a otro, el impuesto predial creció cinco, 10 y hasta 20 veces, llegando al 2.000 por ciento.

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