La contundencia del material de probatorio aportado por fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió que cinco dejar a exparamilitares condenados como responsables de múltiples delitos cometidos en el norte del país.
Jhon Fredy R., alias ‘Nuche’ fue hallado responsable del asesinato de los vendedores de chance Jorge Humberto García y José Reinel González, en hechos ocurridos en Corinto (Cauca) en 2002.
El juez le impuso una pena de 40 años y 15 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y secuestro. Además, tendrá que pagar una multa equivalente a 4.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
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Donaldo José M. P., alias ‘El Soldado’ fue encontrado responsable por el desplazamiento forzado de Rafael Enrique Sánchez Ospino y su familia. Los hechos sucedieron el 13 de mayo de 2001 en el corregimiento de Mariangola en Valledupar (Cesar). ‘Soldado’ fue sentenciado a 4 años de prisión por el delito de desaparición forzada. También tendrá que pagar una multa a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Juan Manuel B. B., fue sentenciado a 17 años y 11 meses de prisión como responsable del homicidio de Fredy Rafael Martelo Márquez. El crimen ocurrió el 18 de marzo de 1998 en el municipio de El Carmen de Bolívar.
Eder José C. P., alias ‘John’, fue condenado por el asesinato de los indígenas kankuamos Abel Francisco Alvarado Maestre, José Manuel Arias Arias, Franklin Manuel Maestre y Alfredo Antonio Borrego. El múltiple crimen
ocurrió el 8 de diciembre del 2001 en el corregimiento de Atánquez de Valledupar.
El juez impuso una pena de 12 años y 5 meses por el delito de homicidio en persona protegida. Deberá pagar una multa de 2.040 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Luis Carlos M. P., alias de ‘Cebolla’ fue encontrado responsable de la desaparición forzada de Anselmo de los Reyes Medina Herazo,
en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2002 en el municipio de Bosconia (Cesar).
El juez del caso lo sentenció a 15 años de prisión y le impuso el pago de una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
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