“Por grave conmoción interna”, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó estado de excepción por sesenta días en todos los centros carcelarios que integran el Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional.
Este decreto fue difundido por La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, suscrito por el jefe de Estado, en momentos en que enfrentamientos entre reos han dejado más de 30 fallecidos.
Además, 96 agentes penitenciarios permanecen retenidos por reclusos en cinco cárceles, y que presos de 13 centros de reclusión mantienen una huelga de hambre.
Con este decreto, el estado busca preservar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria, así como de los agentes penitenciarios y de la Policía.
También tiene como finalidad, controlar las circunstancias actuales y restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de los centros de privación de libertad.
Hecho esto, se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior de las cárceles, una actuación excepcional temporal, subsidiaria y exclusiva ante graves alteraciones del orden público. El ingreso de las Fuerzas Armadas a las cárceles se realizará hasta retomar su control y garantizar que no existe amenaza o afectación grave a la vida e integridad física o sexual de los reos, visitantes, servidores penitenciarios, entre otros.
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