El jefe del Partido Liberal Rafael Pardo afirmó que luego del cambio de Gobierno las circunstancias para elegir Fiscal General de la Nación son distintas y por eso se debería modificar la terna.

El texto de la carta del jefe del liberalismo es el siguiente:
Dr. Jaime Arrubla
Presidente H. Corte Suprema de Justicia
Dr. Germán Vargas Lleras
Ministro del Interior y de Justicia
La Ciudad.
Al igual que muchos colombianos, tengo una gran preocupación por la situación que se presenta en el proceso de elección de Fiscal General de la Nación. Y por eso, de la manera más respetuosa, quiero presentar unas breves reflexiones acerca de este tema, siempre con el ánimo de que prevalezca el interés público.
Desde cuando se le asignó esa función, la Corte Suprema de Justicia ha venido eligiendo sin ninguna dificultad a todos los Fiscales que han ejercido el cargo. Y siempre, sin traumatismos y guardando el principio fundamental de la independencia de la Fiscalía General de la Nación.
En el actual proceso y en cumplimiento de su deber, durante varios meses la Honorable Corte ha hecho muchos intentos de elección, sin que esto haya posible. Por esto, la duda que salta a la vista es clara: ¿será un problema de la Corte, como algunos lo insinúan, o más bien el problema radica en la terna?
La Constitución fue cuidadosa al definir el mecanismo de elección del Fiscal: estableció como objetivo primordial su independencia, por eso definió la participación de dos de los poderes públicos del Estado en su escogencia. El Ejecutivo tiene la facultad de postular y el Judicial, de escoger.
Ahora bien, cuando la Constitución le asignó al Presidente de la República como Jefe de Estado y de Gobierno la facultad discrecional de postular la terna, le dio también la posibilidad aplicar a la elección su propio criterio político, por lo que dicha postulación es, sin duda, un acto discrecional y a la vez político.
Puede afirmarse entonces, que si el Presidente de la República tiene plenas facultades para definir la terna según su propio criterio, también tiene estas facultades para modificarla en cualquier momento del proceso de elección. Pensar lo contrario sería suponer que una vez escogidos los nombres de la terna, el Presidente pierde esa facultad discrecional.
Adicionalmente, el acto administrativo por medio del cual se postula una terna, no genera ningún derecho particular a los ternados, ni constituye un derecho adquirido. Si eso fuese así, el Presidente estaría entregando su discrecionalidad y su facultad constitucional indelegable a los miembros de la terna.
Hoy nos encontramos frente a un hecho atípico, pues en medio del proceso de la elección del Fiscal y sin que éste haya sido elegido, hubo cambio de Gobierno.
Por lo tanto, el Jefe de Estado y de Gobierno que postuló la terna ya no es el mismo. Esto significa que el criterio que la originó varió, por lo que la vieja terna ha sufrido una especie de “decaimiento” en su origen político y por tanto debe ser reemplazada por una designada por el nuevo Jefe de Estado.
Desde otra perspectiva, la Corte tiene la facultad de elegir de la terna al Fiscal, pero esa facultad le permite también no elegir a ninguno. Mal podría pensarse que la Constitución obliga irremediablemente a la Corte a elegir un Fiscal que, como cuerpo colegiado, no considera adecuado o sobre el cual no hay consenso mínimo.
No puede, pues, decirse que la Corte no cumple su deber si se presenta una imposibilidad de elegir, no por un capricho, sino porque la ley exige un consenso mínimo de 16 magistrados que la terna actual ha demostrado que no puede lograr.
Cuando ya ha pasado un tiempo prudente y se han efectuado suficientes votaciones, la terna pierde su vigencia y se convierte por defecto, en no elegible. Con esto no quiero descalificar a los actuales integrantes, juristas de altas calidades, pero al no lograr ese consenso mínimo que la ley exige, esa terna se degrada y se convierte en inelegible.
La Corte no podría tampoco votar eternamente, pues si esto fuera así se perdería ese principio de independencia y equilibrio que la carta fundamental pregona.
Si el Jefe de Estado y de Gobierno mantiene una terna de manera indefinida, a pesar de múltiples y razonables intentos por escoger a uno de sus integrantes, lo que finalmente estaría haciendo sería imponer uno de los tres nombres, lo que afectaría, de forma grave, el principio Constitucional de independencia.
En resumen, la actual terna decayó y se degradó por lo que no es posible sostener que hoy la Corte se encuentre obligada a elegir Fiscal General de la Nación, ni que el nuevo Presiente no pueda participar en la solución necesaria para lograr un consenso mínimo sobre un Fiscal independiente de una terna designada bajo su propio criterio.
Por todo lo anterior, y con la idea de mantener la Unidad Nacional y la armonía institucional, salvaguardando la independencia del Fiscal y la facultad política discrecional del Presidente, es urgente que los dos poderes involucrados en la elección tomen las acciones necesarias y se presente una nueva terna.
En esta oportunidad, la Honorable Corte Suprema de Justicia debe perder el hasta hoy entendido pudor y solicitarle al Presidente de la República una nueva terna. Todos entendemos que estamos ante un proceso de selección que no da lugar a derechos adquiridos. Colombia no puede seguir manteniendo la interinidad en una institución tan importante para la Nación y bastión fundamental de su política criminal.
Cordialmente,
RAFAEL PARDO RUEDA
Director Partido Liberal
Vía Caracol.com.co
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