La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, y los alcaldes de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar.
Las diligencias iniciaron por presuntos retrasos registrados en el inicio y ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en estos dos municipios.
El mismo proceso se surte contra Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia, respectivamente, así como contra otros funcionarios que aún están por determinarse.
“Se indagan las razones por las cuales aún no se ha culminado el trámite contractual para la implementación del PAE, tanto el mayoritario, como el étnico, en sus respectivas jurisdicciones, y de esa forma garantizar la prestación del servicio de manera continua durante el año escolar”, informó el ente de control.
La Procuraduría pidió copia de los actos administrativos expedidos por cada entidad territorial donde se fijaron las fechas de inicio y finalización de calendario escolar, así como el número de beneficiarios proyectados para atender durante el 2023.
“En el caso de la Gobernación de La Guajira la información requerida se refiere a los municipios no certificados, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure”, agregó el Ministerio Público.
Con la apertura de la indagación, buscan verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Recordemos que el ente de control instauró siete acciones de tutela contra el gobernador de Boyacá y los alcaldes de siete municipios, donde no han iniciado las entregas del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Los municipios objeto de las acciones son Chitaraque, Coper, La Victoria, Muzo, Quípama, San Pablo de Borbur y Santa María, en los que hay 5.676 estudiantes afectados por la ausencia de los paquetes alimenticios.
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