La explicación del exgobernador del Cauca al contrato por el que lo acusó la Fiscalía

El embajador designado en Chile, Temístocles Ortega, dijo que la investigación por supuestas irregularidades en un contrato, cuando fue gobernador del Cauca, terminará archivada.

“Ya me enteré de la actuación de la Fiscalía de que terminará con un archivo. Se hicieron todos los trámites para hacer esta inversión por el mecanismo fondo de regalías, que nació en 2012. El alcalde presentó el proyecto, la Secretaría de Obras Públicas del Cauca lo revisa, lo envía a la secretaría técnica. Transporte le dio el aval”, dijo el investigado en entrevista con Mañanas Blu.

Según la Fiscalía, el exmandatario es acusado del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por su supuesta participación en posibles anomalías en el trámite y celebración del contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos.

El objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca): “El material de prueba obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indica que el proyecto habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de las alcantarillas. Asimismo, se estableció que no se gestionaron los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras, entre otras acciones irregulares en el proceso de contratación”, informó el ente acusador.

El exgobernador manifestó también que el proyecto de terminar la pista fue iniciativa del alcalde, en continuidad a un proyecto de la Aeronáutica Civil, y que este fue ejecutado, realizado, y recibido por el Departamento de Planeación Nacional.
“El comunicado de la Fiscalía, al final, dice que por los supuestos delitos de peculado por apropiación, la Fiscalía está pidiendo la preclusión. Cuando la Fiscalía dice que hay posibles fallas en los suelos lo precluye sobre mí”, agregó.

En su paso por el Senado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vinculó al exmandatario, a través de indagatoria realizada el seis de julio de 2022, pero al terminar el periodo en el Congreso, el expediente pasó a la Fiscalía.

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