Procuraduría denunció por prevaricato a juez que ordenó libertad de los dos primeros voceros de paz

La Procuraduría General de la Nación denunció penal y disciplinariamente a la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, por la presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción.

La funcionaria fue la encargada de ordenar la libertad de los dos primeros jóvenes que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno nacional.

“La denuncia fue radicada ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que la funcionaria no tenía competencia para librar las boletas de libertad, y por el contrario se abrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías que se encontraban de turno, tal como lo indican las reglas de reparto establecidas”, informó la Procuraduría.

De igual manera para el Ministerio Público, la juez pasó por alto que las resoluciones remitidas por el Alto Comisionado para la Paz, las cuales: “no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua”, y, en la decisión no hay constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad.

Agrega de que Procuraduría no fue notificada como sujetos procesal y se enteró gracias a la divulgación en medios de comunicación: “La señora juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá miró de soslayo dicho mandato (el de notificar las decisiones), con lo que también privó a los sujetos procesales, y particularmente al Ministerio Público, de la posibilidad de controvertir lo decidido a través de la interposición de los recursos de ley”, aseguró.

Par el órgano de control, la funcionaria debió realizar un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteaba para hacer el control que le correspondía, y no actuar como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.

Por los hechos, el Ministerio Público denunció penal y disciplinariamente a la funcionaria judicial.

Para más noticias de Colombia.