“Primera Línea”: Decreto del Presidente Petro desafía a la justicia y la política

Pese al alud de críticas desde distintas orillas políticas, e incluso de las advertencias que ha dejado conocer el sector judicial, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que pavimenta el camino legal para dejar libres a los integrantes de las” Primera Línea” presos en cárceles del país, procesados por distintos delitos configurados durante las protestas callejeras.

El decreto 2422 del nueve de diciembre crea una Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.

Dicha comisión estará integrada por el Ministerio de la Defensa, Mininterior, Minjusticia y la Dirección Administrativa de la Presidencia, DAPRE.

El decreto firmado por el Presidente Petro fija, según se lee, “ los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de las facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la ley 2272 de 2022”.

Especifica el decreto que no se beneficiará a personas condenadas. Hay que tomar en cuenta que entre algunos de los detenidos por las violentas protestas callejeras, hay personas condenadas por tortura, lesiones personales, concierto para delinquir, entre otros delitos graves.

Esta Comisión tiene una particularidad, y es que no incluye miembros representantes de magistrados, jueces o fiscales.

Más allá de las especificaciones legales de la Comisión, que definirá quiénes de la “Primera Línea” pueden salir de la cárcel para ser gestores de paz, el decreto publicado por la presidencia se pone de frente a muchos análisis críticos originados en formaciones políticas y en garitas constitucionales.

A las pretensiones presidenciales de dar gabelas a los miembros de la “Primera Línea” se ha opuesto la Procuraduría, entidad para la que la liberación anunciada, no es posible por norma legal.

En una reciente columna el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, anotó varios aspectos que complican legalmente el anhelo del presidente Petro. La figura de gestor de paz corresponde a personas que hagan parte de grupos armados que estén en negociaciones con el gobierno nacional, y hasta donde se ha dicho, los integrantes de la “Primera Línea” no hacen parte de grupos guerrilleros o movimientos disidentes en procesos de diálogo.

Distintos abogados constitucionalistas del país, aseguran que el decreto firmado por el presidente viola la ley colombiana y es previsible una serie de demandas en su contra.

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