Colombia
La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años impuesta a Sandra Milena Caballero Ramírez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como profesional universitaria de la Oficina de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Turbo, por incurrir en peculado por apropiación.
La disciplinada investigada incluyó en el sistema de registro de las novedades de nómina a seis personas que no tenían ninguna relación con el municipio y los hizo figurar como docentes con el propósito de transferir a cuentas bancarias el valor correspondiente al supuesto cargo que cada uno de ellos ocupaba, para posteriormente apropiarse de dineros del erario público por valor de $185.684.313.
La Procuraduría Provincial de Apartadó consideró que al apropiarse de los recursos que hacen parte del presupuesto municipal, la señora Caballero Ramírez no solo lesionó la administración pública, sino a la comunidad en general, quienes vieron disminuidas las inversiones en la calidad de la educación.
El órgano de control calificó la falta cometida por la exfuncionaria como gravísima cometida a título de dolo, pues al momento de desplegar su conducta lo hizo con absoluta voluntad y el pleno conocimiento de que su proceder constituía falta disciplinaria.
En consideración a que no se interpusieron los recursos de ley, la decisión proferida en primera instancia quedo debidamente ejecutoriada.
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