La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años impuesta a Sandra Milena Caballero Ramírez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como profesional universitaria de la Oficina de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Turbo, por incurrir en peculado por apropiación.

La Procuraduría Provincial de Apartadó consideró que al apropiarse de los recursos que hacen parte del presupuesto municipal, la señora Caballero Ramírez no solo lesionó la administración pública, sino a la comunidad en general, quienes vieron disminuidas las inversiones en la calidad de la educación.
El órgano de control calificó la falta cometida por la exfuncionaria como gravísima cometida a título de dolo, pues al momento de desplegar su conducta lo hizo con absoluta voluntad y el pleno conocimiento de que su proceder constituía falta disciplinaria.
En consideración a que no se interpusieron los recursos de ley, la decisión proferida en primera instancia quedo debidamente ejecutoriada.
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