Condenaron dos patrulleros que le pidieron plata a vendedores de droga, para no judicializarlos

La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria contra dos patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.

Se trata de F. A. Castañeda Mejía y J.F. Peñaranda Mendoza, alias el ladrón, quienes fueron condenados a 69 meses y 66 meses de prisión respectivamente, por la retención de dos expendedores de alucinógenos para exigirles dinero a cambio de liberarlos y de no vincularlos a procesos penales por el delito tráfico de estupefacientes.

Los uniformados llegaron a un preacuerdo después de la formulación de acusación y aceptaron los cargos formulados por un fiscal de la Unidad de delitos contra la administración pública.

De acuerdo con la investigación adelantada, entre el 30 junio de 2017 y el 15 de febrero del 2018, los policiales habrían capturado en flagrancia a dos reconocidos coordinadores de plazas de vicio del centro de Medellín, en posesión de considerables dosis de narcóticos.

Según las declaraciones de testigos y de los propios delincuentes, los detenidos no eran dejados a disposición de los fiscales, sino que eran conducidos hasta algunos puestos de Policía del sector, donde les exigían sumas que oscilaban entre los 3 y los 5 millones de pesos para dejarlos en libertad y no judicializarlos.

En algunos casos se habrían quedado con parte de la droga incautada.

Otro de los casos investigados está relacionado con la retención ilegal de un mensajero que, al parecer, transportaba marihuana en una motocicleta. A la víctima le fueron retenidos sus documentos y la moto en la que se movilizaba, mientras conseguía la suma de $1’500.000 para devolverle sus propiedades.

Los investigadores del CTI establecieron que los policías, adscritos a los Comandos de Atención Inmediata (CAI) del barrio Boston, la Plaza Minorista y el Parque de Bolívar, habrían alterado los libros de población de la institución para tratar de evitar los seguimientos judiciales.

Por los mismos hechos están acusados el intendente F. A. Grajales Quiroz, y los patrulleros S. J. Taboada Torres, C. F. Vergara y A. Robledo Torres.