Se inició proceso judicial para restituir tierras abandonadas por presiones de las farc

En manos de un juez agrario del Tolima quedó hoy la demanda para que 33 familias campesinas recuperen los predios que abandonaron hace más de una década por presiones de las FARC.

La acción judicial fue interpuesta por la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a nombre de las víctimas.

Se busca la restitución de 225 hectáreas ubicadas en la vereda Balsillas, en la zona rural del municipio de Ataco, en el departamento del Tolima.

A la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido, a nivel nacional, 23.199 solicitudes de restitución correspondientes a 1.754.275 hectáreas. De estas, 7.946 reclamantes, el 38 por ciento, denuncian a las FARC como las causantes del abandono o despojo de 662.468 hectáreas de tierra.

Los departamentos de alta afectación por el conflicto armado, en los que se ha presentado el mayor número de solicitudes a jueces especializados en Restitución de Tierras son: Bolívar, Magdalena, Sucre, Tolima, Meta, Norte de Santander y Cesar.

En estas zonas la Unidad de Restitución de Tierras ha realizado el acompañamiento a las víctimas para presentar más de un centenar de demandas ante los jueces, quienes antes de terminar el 2012, darán a conocer fallos a favor de las víctimas de la violencia.

En Tolima, la Unidad ha recibido 1.943 solicitudes por 73.001 hectáreas de tierra. Del total de reclamantes en el departamento, 1.267, el 67%, afirman haber abandonado sus predios, por un equivalente a 41 mil 234 hectáreas), por el accionar de las FARC.

Abandono forzado por presencia de las farc

El abandono forzado de los predios de la vereda Balsillas, generado por las FARC se presentó entre los años 2000 y 2005. En su afán de control territorial, el frente 21 del grupo guerrillero, generó una amenaza constante contra la población civil.

Por aquellos años fueron asesinados representantes indígenas, líderes y miembros de la comunidad, además, se desarrollaron fuertes combates.

Entre diciembre de 2001 y enero de 2002, aproximadamente 800 campesinos del sur del Tolima dejaron sus parcelas, utilizadas para el desarrollo de cultivos y ganadería, y se refugiaron en la cabeceras municipales de las diferentes poblaciones.

La aparición de las listas de ajusticiamiento creadas por los grupos armados ilegales y los anuncios sobre retaliaciones contra la población civil, también incrementaron el abandono de las tierras.

Demandas

Hasta el 27 de septiembre, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se han presentado 199 demandas a los jueces especializados. Las demandas son fruto del proceso administrativo de la Unidad, gradual y progresivo.

Los mayores avances se evidencian en los departamentos de: Sucre, 63; Bolívar, 55; Tolima, 39; Santander, 33; Córdoba, 32; Magdalena, 6; Antioquia, 6; Meta, 4 y Norte de Santander, 2.

Al acto de presentación de la demanda asistieron el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, ministro Consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, el Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal; el Viceministro de Justicia, Miguel Samper; el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa; autoridades departamentales, organizaciones de cooperación internacional y algunas de las víctimas reclamantes.

La ley no es negociable

El ministro de Agricultura reiteró que la Ley 1448, o de Víctimas y Restitución de Tierras, no tiene reversa ni será objeto de ninguna negociación.

“Esta Ley se cumple, como se cumple toda la organización jurídica del país”, el afirmó el titular de la cartera agropecuaria.

El ministro indicó que la Ley se viene aplicando con todo rigor, de acuerdo a los términos y tiempos establecidos en la norma y por parejo y con el mismo rasero, independientemente de que las víctimas del despojo lo sean de la guerrilla, de los paramilitares o de la delincuencia común.

“Para la Ley, es víctima del despojo cualquiera sea el pelambre del despojador”, anotó Restrepo Salazar tras reiterar que ahora, la última palabra jurídica, tras la presentación de las demandas, la tienen los jueces agrarios.

Las reclamaciones no son desistibles

El ministro llamó nuevamente la atención por la coacción y el constreñimiento a los reclamantes de tierras a quienes se amenaza o se les ofrece dinero para que desistan de sus reclamaciones o retiren las demandas.

“Esta es una manera de obstaculizar el cumplimiento de la Ley. Resulta que las reclamaciones son de orden público y no son desistibles”, subrayó el ministro.

El Gobierno ofrece recompensas de hasta dos millones 500 mil pesos a quien de información que permita la captura de quienes están amenazando o amedrentando a los reclamantes de tierras.