Luego de mostrar sus pruebas, la Fiscalía logró judicializar al obernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1º de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el Covid-19.
En las audiencias iniciales se demostró que el decreto de calamidad pública, que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (Decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020).
La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, Carrocería Innovas SAS, con un supuesto sobrecosto por $1.064.626.310 el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad.
Adicionalmente, se demostraría que el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.
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