En las últimas horas se confirmó que el despacho de Justicia Penal Militar decidió enviar a la Fiscalía General de la Nación todo el archivo e investigación que tenían en su poder sobre el asesinato del abogado de Javier Ordóñez.
Ese despacho determinó para tomar esta decisión que “los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio”, por lo que fue dejado en poder de la justicia ordinaria.
En medio de la polémica que continúa vigente por la muerte de Ordóñez, mientras estaba bajo custodia de la Policía y al parecer producto de politraumatismos generados por armas contundentes, este caso fue dejado a un lado y no será asumido como un acto de servicio de los uniformados implicados.
En ese sentido, recientemente la Fiscalía anunció que por la gravedad de la afectación evidenciada y por competencia, el caso fue asignado a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien coordinará la obtención del material probatorio y hará la respectiva valoración.
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Tras esto, detalló que desde el despacho del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se dispuso la creación de un equipo de altas calidades forenses, investigativas y jurídicas para dar celeridad al proceso.
Al tiempo que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realiza labores de policía judicial como recolección de videos y testimonios, entre otras, con el ánimo de esclarecer lo sucedido.
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