Andrés Colmenares fue asesinado: Fiscal General

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, es categórico: el estudiante Luis Andrés Colmenares fue asesinado.

Por Edgar Artunduaga

-“Las pruebas con las que contamos, las hipótesis con que trabajamos, dados los elementos probatorios que hasta este momento se han recaudado, apuntan –todos- a la existencia de un homicidio y no de un accidente. Menos un suicidio.

Estamos consolidando evidencias, testimonios e indicios, para fundamentar imputaciones y acusaciones por homicidio. El caso está avanzando muy bien. La Fiscalía General, cada día logra recaudar evidencias y elementos probatorios que permitirán establecer las responsabilidades del caso y obtener la verdad”

¿Y hasta cuándo resistirá el país este show mediático?

Uno de los grandes cambios que se han producido en la legislación colombiana, en la reforma constitucional, es la oralidad, que significa transparencia. Las pruebas cuando se presentan ante un juez a través de una audiencia de imputación, o de una audiencia para formular y sustentar acusaciones, deben ser públicas. No existen pruebas secretas.

La oralidad es inherente al sistema acusatorio; la posibilidad de que el público y la opinión, tengan conocimiento del desarrollo de un proceso.

La gente habla de manejo de recursos, de tráfico de influencias, de familias poderosas y prestantes, de funcionarios de alto nivel, en una componenda. ¿Se han cometido errores en el proceso?

Estamos investigando –insisto que investigando- posibles obstaculizaciones al desarrollo del proceso. En este momento estamos muy avanzados, recogiendo evidencias y testimonios para poder establecer si ha existido o no una política de entorpecer y obstaculizar.

Por razones de reserva procesal, para no entorpecer la investigación que está en curso, no quiero dar mayores detalles ni revelar documentos o testimonios, en un momento que no es el adecuado, porque procesalmente todavía no se han puesto en conocimiento de los jueces.

¿Ha habido –entonces- manos extrañas en este proceso y la Fiscalía está investigando?

Estamos investigando.

Sobre otros temas:

¿Piedad Córdoba va a ser judicializada, por lo que dijo en la reunión con indígenas del Cauca?

Yo he mirado parcialmente el video y las declaraciones de Piedad Córdoba. Conozco apartes de esa declaración, pero antes de tomar una decisión sobre si existirá o no una judicialización por sus declaraciones, yo quisiera mirar en qué contexto se produjeron esas palabras.

Constitucionalmente, la protesta social está protegida en nuestra Carta Política, en los tratados internacionales y per se, por sí misma, la participación a una protesta social no puede ser considerada como delito, en la medida en que se desarrolle por vías pacíficas.

¿Y cuál es la situación legal de todos los implicados en los enfrentamientos entre indígenas, militares y civiles?

El CTI está preparando un informe. Específicamente he solicitado que me señalen cuáles podrían ser los actos de violencia que se emplearon en esa marcha social y de protesta. Si se llega a establecer que existió algún tipo de violencia, el Código Penal consagra como delito la asonada, que consiste en métodos violentos para hacer exigencias a las autoridades públicas.

El Código Penal establece la posibilidad de otorgar el principio de oportunidad, cuando se llegue a una solución amistosa y de diálogo en el conflicto. Si estamos frente a un conflicto social y se puede resolver por otras vías distintas a las del derecho penal, como son las vías del diálogo, en esos casos nuestras legislación autoriza la posibilidad de un principio de oportunidad.

Lo que veo es que el Fiscal no quiere comprometerse en estos dos casos, el de los indígenas y el de la senadora Córdoba…

Es que no puedo hacer ese prejuzgamiento. En el caso de Piedad, creo que no sería responsable de mi parte, emitir un juicio sobre posibles investigaciones penales en contra de ella, hasta no mirar en su integridad el video y el contexto en que se produjeron sus palabras.

Fue sorpresivo el retiro Fiscal Misael Rodríguez, del caso de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, en el tema de las chuzadas. ¿Por qué el cambio en un momento tan clave, cuando esas personas iban ya para juicio?

Fue por una solicitud que hizo él mismo, invocado razones personales, de salud. Es decir, su salida del proceso no fue solicitada por la Fiscalía ni por algún directivo de la misma. Al contrario, cuando yo me posesioné, le solicité que continuara en ese cargo, que por favor mantuviera esa posición y continuara con sostener la investigación y acusación ante la Corte Suprema de Justicia.

Infortunadamente él ha insistido en que quiere retirarse del cargo, regresar a su cargo inicial.

¿A quién van a nombrar en reemplazo de Misael Rodríguez?

Se nombró a uno de los fiscales auxiliares, que trabajan precisamente en el despacho, uno de los miembros del equipo de trabajo que estaba adelantando ese proceso. Una persona que conoce muy bien las actuaciones porque ha colaborado en el adelantamiento de esta investigación.

A propósito de este caso de las chuzadas, ¿en qué va la solicitud de extradición de María del Pilar Hurtado, al gobierno panameño?

Ahí hay una decisión del gobierno panameño, de considerar que tiene derecho al asilo. Obviamente la Fiscalía General de la Nación es absolutamente respetuosa del derecho internacional, de las decisiones autónomas y soberanas que tome el ilustre Estado de Panamá, frente a la situación de la ex directora de DAS.

¿Cree que Panamá tiene razón en otorgarle ese asilo a María del Pilar Hurtado?

No me parece prudente que el Fiscal General opine sobre la conveniencia o no, de que el ilustre Estado de Panamá, le conceda un asilo a la ex directora del DAS.

¿Qué conoce de las supuestas amenazas de sectores de la justicia contra la familia del ex comisionado Luis Carlos Restrepo, comentadas por el expresidente Uribe?

No tengo conocimiento sobre esas denuncias. Lo único que puedo expresar es que reiteramos el llamado al comisionado Restrepo, para que regrese al país, se someta al juicio penal, asuma personalmente su defensa, que nosotros le brindamos todas las garantías que debe tener un ciudadano en un Estado Social y Democrático de Derecho.

¿La Fiscalía puede citar al expresidente para que informe sobre sus diálogos con Restrepo?

Yo desconozco las circunstancias particulares y especiales en que se haya producido la conversación entre Uribe y el ex comisionado.

El doctor Restrepo tiene todas las garantías de un debido proceso y lo correcto y conveniente no solamente para su defensa sino de cara al país, es que regrese a explicar su conducta. La justicia le ofrece todas las garantías.

¿En qué va el caso de Sigifredo López?

En el caso de Sigifredo López existió un cambio de fiscal, no porque hubiera algún cuestionamiento personal o ético contra el fiscal 38 de DDHH, que llevaba esa investigación en Cali, sino para fortalecer la investigación, darle la dirección de esa investigación penal a un funcionario que pudiera dedicarse casi que con exclusividad a adelantar las pruebas y evidencias que requiera ese caso.

Hay una serie de diligencias que ha pedido la defensa, otras que de oficio la Fiscalía ha considerado que son necesarias para esclarecer el caso. Estamos en una etapa probatoria, practicando pruebas tanto de la defensa, como de solicitudes oficiosas que tiene la Fiscalía.

¿Y qué sabe de Ana María Uribe Cifuentes, hija de Dolly Cifuentes, integrante de un clan de narcotraficantes de Medellín y sobrina del ex presidente Álvaro Uribe, solicitada en extradición?

No tengo ninguna información específica sobre ese caso por el cual me pregunta.

¿Se acabó el entusiasmo jurídico contra el carrusel de la contratación, que saqueó a Bogotá?

En ese proceso, nosotros revocamos un principio de oportunidad que se le había ofrecido al grupo Nule. Consideramos que no era procedente, porque la información y la colaboración que ellos estaban ofreciendo para la justicia colombiana, no era suficiente, no tenía la entidad necesaria para poder esclarecer adecuadamente los hechos.

Ellos interpusieron un recurso contra ese principio de oportunidad, recurso que fue negado en esta semana. Con base en eso, el juez que adelanta el caso contra el grupo Nule, negó unas nulidades que había planteado la defensa dentro de ese proceso. Luego ese caso avanza y ya está en la etapa del juicio.

La Fiscalía General de la Nación, en lo que correspondía en su función de investigar y acusar, cumplió con sus competencias constitucionales. El proceso ya está en una etapa ante los jueces. Hay otros casos que tiene el grupo Nule, porque hay otros procesos en los cuales estamos considerando si existen o no méritos para formular imputación.

¿Debió la senadora Dilian Francisca Toro investigar a anteriores propietarios de tierras que supuestamente le compró a los narcotraficantes?

Yo no puedo opinar en ese caso particular, porque a nosotros nos corresponde la investigación del esposo de la senadora. La Corte Suprema compulsó copias para que la Fiscalía investigue si Julio Cesar Caicedo incurrió o no en alguna conducta delictiva. Por esa razón, ya hemos iniciado una investigación. No podría contestarle en particular su pregunta, porque hay un proceso en curso.

En términos generales: ¿Cuando un colombiano va a comprar un predio, está en la obligación de indagar el pasado judicial del vendedor?

En algunos casos sí. Es decir, si existen circunstancias, elementos de juicio, que le indiquen la posible existencia de una actuación ilícita de una persona, de que se trata de una conducta de lavado de activos o de legalización de bienes adquiridos ilícitamente, los ciudadanos tienen un deber de diligencia de esclarecer ese tipo de procedencia. Obviamente que la regla general en la Constitución, es partir de la buena fe de los demás.

¿Cuál es el estado de las investigaciones por el supuesto cartel de la salud, que se conformó en Bogotá?

Existen en el país más de 400 investigaciones por el tema de la salud. Hemos reforzado todo el equipo anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación y estamos evaluando la posibilidad de concederle el principio de oportunidad a algunos testigos importantes, que nos ayudarían a esclarecer cómo es que existió un tema de defraudación a la salud en Colombia.

En términos de opinión, ¿le gusta una asamblea constituyente para reformar la justicia?

De ninguna manera. Me parece que una Asamblea Constituyente, en este momento, sería un salto al vacío. Creo que es una aventura institucional peligrosa. Yo sigo confiando en el Congreso de la República, como el órgano que por naturaleza y por su esencia, es el llamado a hacer los rediseños constitucionales importantes.

Las constituyentes solamente deben producirse en circunstancias extraordinarias. Si se piensa en una reforma constitucional para la justicia, debe tramitarse a través de los mecanismos ordinarios.

¿Qué hacer frente a la crisis carcelaria?

Pienso que debe producirse una gran reforma en materia del sistema carcelario. El ex ministro Juan Carlos Esguerra, dejó muy avanzado un proyecto de reforma al Código Penitenciario, en el sentido de consagrar otro tipo de alternativas a la pérdida de la libertad. He escuchado que la Ministra de Justicia, tiene todo el interés de seguir impulsando este tipo de reformas.