La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, ha realizado inversiones superiores a los $100 mil millones de pesos para el diseño, instalación, mantenimiento e integración de sistemas de videovigilancia en el departamento.
Estos sistemas estarán conectados e integrados en ocho nodos subregionales y un nodo departamental; una apuesta por fortalecer el control territorial, la prevención de la violencia y los procesos judiciales.
Serán 472 cámaras instaladas e integradas a través de centros de monitoreo en 60 municipios, dentro de las que se encuentran cámaras LPR, PTZ y multisensor de última generación y que cumplen con estándares y requisitos de la Policía Nacional, organismo que estará como responsable de la operación.
De igual forma, los ocho nodos subregionales y el nodo departamental están diseñados bajo normas internacionales y se garantiza una operación mixta entre Policía y Gobernación de Antioquia.
Siete de esos 60 municipios que se encuentran en el proyecto, ya cuentan con sus sistemas operando, buscando prevenir el delito y ser un instrumento disuasivo frente a las acciones y actores criminales.
Esos sietes municipios son:
Caicedo, Betania, Anzá, Sonsón, Jardín, Apartadó y Turbo. Asimismo, Betulia, Salgar, Urrao, San Rafael y El Peñol están finalizando pruebas y entrarán en operación en los días próximos.
Además, ya se encuentran en ejecución las obras de instalación de los Nodos Subregionales, los cuales serán sistemas integrados de emergencias y seguridad que integrarán los circuitos cerrados de televisión de la subregión.
En Caucasia estará ubicado el Nodo Bajo Cauca; en Santa Rosa de Osos el Nodo Norte; en Santa Fe de Antioquia el Nodo Occidente; en Andes el Nodo Suroeste y en Apartadó el Nodo Urabá.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia, Oswaldo Juan Zapata, con estos medios tecnológicos y el compromiso de la Policía Nacional y de las entidades territoriales, se busca prevenir delitos como el hurto en todas sus modalidades, la extorsión y el homicidio; asimismo, se busca fortalecer las capacidades para la investigación criminal y el apoyo a la judicialización.
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