2.130 servidores públicos han sido denunciados ante la Procuraduría por temas electorales

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales, anunció que la entidad ha recibido, con corte al primero de octubre, 2.130 quejas por presuntos delitos electorales de servidores públicos.

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La jefe del Ministerio Público destacó que 375 de estas quejas son contra funcionarios públicos, 337 contra funcionarios de elección popular, 75 contra miembros de la Registraduría y 9 de la Organización Electoral.

“Nos preocupa que de las 2.130 quejas recibidas, 601 son por indebida participación en política; casi el 30 %. Me preocupa porque es precisamente en esto en lo que más hemos insistido desde la Procuraduría”, advirtió.

En el evento en Bogotá, Cabello Blanco también resaltó que el órgano de control, adicional al monitoreo de inhabilidades de los candidatos, con el fin de propender por la transparencia y moralidad pública creó la Comisión Disciplinaria Especial “para coordinar y adelanta la instrucción de las actuaciones disciplinarias relacionadas con el proceso electoral previsto el 29 de octubre”.

Candidatos con inhabilidades

La Procuradora, en este espacio, reiteró que, si bien es cierto le corresponde a la Procuraduría General de la Nación remitir al Consejo Nacional Electoral la relación de candidatos con anotaciones que generan inhabilidades para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron, “es esa corporación la que tiene la competencia exclusiva de decidir sobre la revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular”.

Recordó que estas decisiones se toman cuando existe plena prueba de que los candidatos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso y las garantías a los investigados.

Finalmente, la Procuradora reafirmó que la potestad disciplinaria de la entidad está más fuerte que nunca, a raíz del nuevo Código General Disciplinario y del “espaldarazo” que ha dado la Corte Constitucional mediante la Sentencia C – 030 de 2023.

“No nos detendremos en la lucha por corregir la indisciplina en la función pública, especialmente, en estos momentos cuando lo que está en juego es la transparencia de las elecciones y, en consecuencia, el derecho a la participación de millones de personas y la democracia colombiana”, concluyó.​

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