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En total hay 291 indagaciones contra congresistas, diputados y concejales en todo el país .El Ministerio Público averigua sobre la presunta participación indebida de los mandatarios de Santander, Vaupés y Amazonas, entre otros. También hay quejas contra el Presidente en la Comisión de Acusación.
Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle.
Catorce de los 32 gobernadores del país tienen procesos andando en la Procuraduría General por presunta participación en política.
La lista puede aumentar si la delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, decide abrirle investigación formal al mandatario de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
Precisamente el Ministerio Público le hizo ayer una visita en Medellín a Ramos para indagar si hubo uso indebido de consejos comunales para «favorecer las campañas de dos aspirantes al Congreso».
Un informe de la Procuraduría, conocido, señala que en total son 291 las investigaciones que lleva ese organismo de control contra gobernadores, alcaldes (115), representantes a la Cámara (8), senadores (9), concejales (18), diputados (3) y otras 115 a funcionarios de 17 departamentos.
Hace dos semanas, la procuradora delegada fijó una dura sanción al gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, al destituirlo e inhabilitarlo por 10 años por permitir que en un encuentro con alcaldes de esa región, el entonces precandidato Andrés Felipe Arias hiciera proselitismo. La segunda instancia de la decisión se conocería a más tardar en 15 días.
Junto al caso de Abadía, la Procuraduría avanza en las investigaciones al secretario de Educación del Valle, Gustavo Navarro, quien en una grabación aparece promoviendo a dos candidatos al Congreso.
También, están en procesos los gobernadores de Santander, Horacio Serpa; de Vaupés, José Leonidas Soto Muñoz (por la coincidencia de varios de sus viajes con los de un aspirante al Congreso de su mismo partido), y de Amazonas, Ólbar Andrade Rincón, por presuntamente entregar dinero a un candidato a la Cámara para la compra de votos, según la denuncia allegada.
Ayer, Diego Molano, director de Acción Social, admitió que ha radicado 10 denuncias ante la Unidad de Reacción Inmediata Electoral (Uriel) sobre supuesta utilización en política del programa Familias en Acción.
Quejas y denuncias
El documento de la Procuraduría también reseña 70 quejas y denuncias que ciudadanos del común y funcionarios de control han hecho ante la Uriel contra congresistas, gobernadores, alcaldes e incluso contra el mismo presidente Álvaro Uribe.
Por ejemplo, en la Comisión de Acusación de la Cámara, señala el informe, hay tres denuncias contra el presidente Uribe por intervención indebida en Política.
La misma Procuraduría remitió una de esas quejas contra Uribe, a quien regañó por declaraciones que podrían ser interpretadas como apoyos políticos y porque su voz estaba siendo usada en la propaganda de decenas de candidatos al Congreso de partidos como ‘la U’ y el Conservador.
Aunque no significa que en todos los casos se esté adelantando una investigación formal, sí se han trasladado a las autoridades competentes copia de estas para que realicen las indagaciones que correspondan.
La Uriel ha recibido 417 denuncias, y tiene registradas 10 quejas contra congresistas y 40 contra alcaldes por delitos como intervención indebida en política, corrupción y constreñimiento al elector. Por estos dos últimos delitos fueron denunciados los senadores Dilian Francisca Toro, Néstor Iván Moreno Rojas y Efraín Torrado García. Todos los casos son vigilados por delegados de la Procuraduría.
El zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, señaló que en el seguimiento que ha hecho al proceso electoral ha detectado no solo la intervención en política, sino la utilización de estrategias repetitivas de corrupción, como la violación de sellos de los sobres en los que van los tarjetones, huellas repetidas en los registros, cambio de dueño de los votos (en una mesa el conteo es el mismo pero la mayoría deja de ser de un candidato y pasa a otro), entre otros.
La ‘tramparencia electoral’
La Oficina de Anticorrupción hizo un listado de las irregularidades más comunes antes, durante y después del día de elecciones. Lo llamó ‘Manual de Tramparencia’ y encontró 12 conductas recurrentes.
Una consiste en confeccionar, con el apoyo de alguien en la Registraduría, una lista de jurados, en una misma mesa, que estén de acuerdo en cometer el fraude. Otra es ‘la moneda de cuero’: Una sola persona con varias cédulas falsas vota en diferentes mesas. Después del proceso, uno de los comportamientos es el denominado ‘cambis cambeo’: «En el momento del conteo, un jurado cómplice cambia tarjetones depositados legalmente por tarjetones marcados antes de la jornada electoral en favor de un determinado candidato».
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