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La jueza Jiménez ratificó la medida de aseguramiento contra Aranguren y contra Luis Eduardo Daza, ex subdirector de análisis de la Uiaf, bajo cargos de concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato.
«Con sus acciones afectaron el equilibrio institucional», dijo la jueza.
Además, a los dos ex funcionarios les negaron la sustitución de la medida de aseguramiento, pedido por la Procuraduría, y ordenó su detención.
El delegado del Ministerio Público pidió que Aranguren y Daza tengan un sitio especial de detención y la jueza Jiménez también negó esa petición y ordenó la reclusión de los ex funcionarios de la Uiaf en la penitenciaría La Picota.
Funcionario de más alto nivel
El ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Mario Aranguren se convirtió ayer en el funcionario de más alto nivel del Gobierno que pierde su libertad por el escándalo de los seguimientos ilegales a magistrados y a otras personalidades.
La Juez 52 Penal de Bogotá le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato.
La misma decisión se tomó contra Luis Eduardo Daza, ex subdirector de análisis de la Uiaf. Y, aunque aún no ha compadecido ante un juez, de nuevo el nombre de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado quedó comprometido.
Al enviar al ex director de la Uiaf a prisión, la jueza destacó los testimonios de Jorge Lagos, ex jefe de Contrainteligencia del DAS y de Germán Ospina, ex jefe del Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional) y ahora testigo de la Fiscalía. Ospina afirmó que el Goni estaba bajo presión «porque Jorge Lagos y María del Pilar Hurtado pedían datos, porque desde la Presidencia exigían información sobre investigaciones a los magistrados».
‘No hubo seguimientos’
Aranguren y todos los ex funcionarios del DAS procesados aseguran que no siguieron a los magistrados, sino que investigaban a Ascencio Reyes, empresario cercano a miembros de la Corte y quien tuvo negocios con un extraditado.
Pero, para la Fiscalía, Aranguren y el otro funcionario «desviaron el ejercicio de la función pública del DAS y la Uiaf (…) Destinaron información confidencial para atentar contra la dignidad de magistrados y de dos senadores».
La Uiaf elaboró, por petición del DAS, informes de inteligencia financiera sobre Reyes, que terminaron extendiéndose a magistrados. Esos reportes hicieron parte de carpetas secretas en el DAS que, según la Fiscalía, fueron filtrados a los medios por funcionarios de la Casa de Nariño, para «neutralizar» a la Corte.
Funcionarios de la Uiaf también estuvieron en reuniones en Palacio, en las que se habló del tema de Reyes.
La jueza no atendió una petición de la Procuraduría, que consideró que aunque hay indicios contra Aranguren no era necesario detenerlo. Al cierre de esta edición, el Ministerio Público insistía en su posición.
El abogado de Aranguren, Vicente Gaviria, dijo que su cliente fue quien entregó la información que la Fiscalía usó para pedir la captura y aseguró que la Uiaf no investigó a magistrados, sino a Ascencio Reyes: «La Uiaf no se puede presentar como si fuera una organización oscura, dedicada a desarrollar actuaciones contrarias a la ley y particularmente a magistrados (…) La Uiaf es modelo en el mundo en apoyo de la lucha contra el lavado de activos», dijo.
Y agregó que tanto Aranguren como la Uiaf atendieron una solicitud del secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, que también fue remitida al DAS, para que se investigaran las actividades de una persona sospechosa.
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