Velada amenaza a la banca y a la nación

Resumen: Análisis detallado del sainete seudojurídico de Álvaro Leyva y Eduardo Montealegre, seguidores de Petro, para transformar una declaración política en un tratado internacional. Petro propone que los recursos de los bancos sean administrados por el Gobierno para su colocación en el mercado.

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No siendo poco, el pernicioso y disparatado sainete seudojurídico, montado por Álvaro Leyva y Eduardo Montealegre -desvergonzados corifeos de Petro-, para intentar convertir, contra toda razón lógica y legal, una declaración política consignada en el espurio Acuerdo de La Habana, en un tratado internacional y, peor aún, con ello pretender hacer de esa declaración un mandato para que el Gobierno convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, ahora Petro, sin el menor asomo de cordura y haciendo gala de su ocurrente torpeza y dislocada imaginación, propuso en el acto de clausura de la Convención de Asobancaria, lo que a ninguna mente sensata se le ocurriría, como es que, los recursos que capten los establecimiento de crédito y que estén destinados a atender las llamadas inversiones forzosas que estas instituciones financieras deben hacer, sean entregados al Gobierno para que los administre y los coloque mediante créditos en el mercado de acuerdo a su criterio, teniendo como respaldo las arcas del Estado, es decir, el dinero de los colombianos.

Luego de descalificar la economía de mercado, de cuestionar al Banco de la República y de criticar a la Corte Constitucional, Petro textualmente dijo: “Ante el estancamiento del gasto y las dificultades del sistema financiero privado, hay una tercera vía, y se llama crédito otorgado por el Gobierno”. 

Luego agregó: Mientras tengo que detener el gasto, podemos aumentar el crédito derivado de las instituciones públicas. ¿Cuál su fuente de financiación? Pues puede ser la inversión forzosa, que a un banco hoy, le podría ser más rentable. Porque el banco hoy da crédito con más riesgo, o no da; y si no da el crédito o el crédito es con más riesgo, se está debilitando. En cambio, si nos pasa el dinero y nosotros damos el crédito, nosotros tenemos que pagarle al banco. El pago del Estado al banco, es mucho más sano, mucho menos riesgoso, y nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés con el presupuesto (…) (Sic)

Petro concluyó su larga, gaseosa y tediosa intervención, llena de especulaciones, aproximaciones y conjeturas diciendo: Lo seguimos discutiendo, pero no podemos gastar muchos días, porque hay que actuar rápido, porque hemos pensado presentar un paquete de leyes al Congreso; igual nos pueden bloquear, … hay otros caminos (…)

Contrario a lo que cualquier ciudadano incauto pudiera imaginar, lo propuesto por Petro, antes que novedoso, asertivo y propositivo, es peligroso y regresivo, por revivir viejas y fracasadas experiencias bajo el mismo esquema, como fueron la del IFI, la FEN, el Banco Cafetero y la Caja Agraria, en las que la pésima administración de los recursos, precipitó la insolvencia y liquidación de estas instituciones financieras, y con ello, se conminó a todos los colombianos a que termináramos asumiendo y pagando sus multimillonarias pérdidas.

Pero más allá, de la obtusa y anacrónica ocurrencia de Petro, lo que en realidad preocupa, fue la manera como veladamente amenazó a la banca con una eventual estatización, la que empezaría con su suplantación, al ser el Gobierno quien fije el criterio selectivo para asignar los créditos, e inclusive, aseveró que, de no aprobarle el Congreso el paquete de proyectos contentivos de estos desvaríos, “hay otros caminos”, sin explicar cuáles son, lo que constituye una nueva intimidación tácita a la nación.

En contraste con la hostilidad, el irrespeto y el maltrato que los banqueros, de manera constante, han recibido de Petro, el presidente de Asobancaria en su intervención, se mostró generoso, dócil y, hasta servil y obsecuente con Petro, lo que demuestra el temor que el sector le tiene, y más, a la articulación de lo que Petro llama el “cambio de modelo”, que no es nada distinto a la estatización gradual de la economía, mediante la concentración de poderes, la destrucción del sector privado, el aumento de la carga contributiva a la inversión nacional y el destierro de la internacional.

Qué nadie olvide, que las naciones y los Estados no viven de la Política, y, al contrario, que es la Economía la que mantiene a las naciones y los Estados, y, con frecuencia, las políticas de los Estados, antes que contribuir al mejoramiento económico de las naciones, les provocan inestabilidad o retroceso.

Distinto sucede cuando los gobiernos diseñan políticas orientadas a promover el crecimiento y el fortalecimiento económico, mediante la adopción de reformas sostenibles, inspiradas en justicia, equidad y bienestar social, lo que infortunadamente no sucede en Colombia en los actuales momentos, en donde la contracción, el decrecimiento económico, y el aumento del desempleo y la pobreza, son el resultado de las devastadoras políticas económicas del Gobierno.

Desde una perspectiva académica restringida, mientras que la Política se dedica al estudio de las formas y modelos de gobierno que rigen a las naciones, así como a la manera como se captan y asignan los recursos, y se regulan las actividades civiles y comerciales entre los gobernados y frente al Estado; la Economía, por su parte, se ocupa en estudiar la influencia de las políticas que adoptan los gobiernos, y más que eso, la eficiencia y eficacia de la inversión y el gasto que realizan, y, el desempeño de la sociedad a partir de la utilización de esos recursos, pudiéndose medir su impacto favorable o desfavorable, en términos de comportamiento de variables macroeconómicas como son, entre otras, la oferta, demanda, consumo, inversión, financiación y endeudamiento, y, así, poder determinar la presencia de fenómenos económicos cíclicos como son los de inflación, deflación, recesión, devaluación, revaluación, e inclusive, el de estanflación, la que se presenta cuando a la recesión se suma la inflación.

En términos prácticos y salvo contadas excepciones, los Estados y los Gobiernos son mantenidos por la Economía, mediante el recaudo de la contribución fiscal impuesta a los ciudadanos, siendo el Gobierno, tan solo un mero administrador de ella, por lo que no se compadece que una carga tributaria tan cuantiosa, gravosa y confiscatoria como es la que soportamos y pagamos los colombianos, sea dilapidada por un Gobierno sin norte, caracterizado por su manifiesta incapacidad, indelicadeza, improvisación e ineficiencia en la administración, uso y asignación de los recursos públicos.

En una economía sana, las políticas públicas en materia económica, deben estar alineadas al logro de un desarrollo integral y armónico, que incluya a todos los sectores sociales bajo los principios que inspiran el derecho a la iniciativa privada, la libre empresa, la libertad de asociación y la economía de mercado.

Pero en Colombia la vigencia de estos principios está seriamente amenazada, por lo que no resulta descabellado suponer, que, de no evitarse, el actual Gobierno seguirá asediando y debilitando el sector productivo hasta reducirlo a su mínima expresión, para concentrar y asumir el control de la economía, como si el Estado y el empleo se pudieran mantener y aumentar sin la participación decisiva del sector real.

Es evidente que Petro nada sabe ni entiende de Economía y menos de Finanzas, y que su empirismo anacrónico lo induce a seguir creyendo en el fracasado modelo de Economía Central Planificada, propio de los regímenes socialistas y comunistas, y tan solo bueno para causar desengaño, frustración y pobreza.

No se debe ignorar, el paupérrimo resultado de la economía durante el año 2023, en el que, sin contar el año 2020 de la pandemia, se registró durante un semestre una desaceleración económica que no se presentaba desde hace más de 20 años, resultado de la inestabilidad legal, la inseguridad jurídica, la confiscatoria reforma tributaria, la pérdida de confianza, la reducción de la demanda, el decrecimiento de la inversión y el aumento de la violencia y la criminalidad, factores, que al final, determinaron que obtuviéramos una tasa de crecimiento inferior al 1%.

El retroceso económico experimentado en el año 2023, respondió a la teoría económica denominada Crowding Out, que predica el desplazamiento o efecto expulsión de la inversión en sectores de la economía como resultado de la intervención del Estado.

A esta grave coyuntura se suma, la destrucción del sistema de salud, en represalia por el archivo del regresivo e insostenible proyecto que pretendía reformarla, así como el proyecto de Reforma Laboral, que amenaza la destrucción de empresas y empleos, y, peor aún, la Reforma Pensional con la que el Gobierno pretende utilizar a su antojo, el ahorro privado de los colombianos en sus desvergonzadas orgías de gasto.

Todas las fuentes de información neutrales y confiables coinciden al registrar, la gradual y sostenida desaceleración económica a partir del momento en que Petro asumió la presidencia, al igual que, cuando manifiestan preocupación por los efectos catastróficos que causarían, de ser aprobadas, las reformas propuestas por Petro y acolitadas por su cada día más diezmada bancada en el Congreso.

Al final, más que la Política, lo que verdaderamente preocupa, es el desplome de la Economía de la que vivimos y que mantiene el Estado.

Ojalá que los que aún creen en Petro, e inclusive, se atreven a defenderlo, recapaciten y se sumen a la inmensa mayoría de colombianos que pedimos su dimisión, dada la incapacidad y perversidad de su parodia de gobierno.

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Profesor de Derecho Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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Redacción Minuto30

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