Veeduría sí, pero no así

La veeduría ciudadana Todos por Medellín abre una puerta que dará respuestas a la ciudadanía de un buen manejo en el tema de EPM, y el tiempo se encargará de darle la razón al Alcalde Quintero.

La ley 850 de 2003, en el artículo 1, define las veedurías como: ¨mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país¨.

Así entonces, una veeduría ciudadana es sana para cualquier empresa pública o privada que genere dudas de su proceder o sobre inversiones que realizan, pero no está bien cuando se politizan las veedurías, y peor aún, cuando los partidos políticos dan su respaldo abiertamente con un fin oscuro que es probablemente destructivo.

En la oposición al Alcalde de Medellín, encabezada por el expresidente Uribe, el exgobernador Alfredo Ramos y su hijo, Alfredo Ramos, y el exalcalde Federico Gutiérrez, entre otros; hacen de esta veeduría, su caballo de batalla y la utilizan como plataforma para impulsar una revocatoria que no tiene una suficiente validez.

Algunos opositores tratan de crear una cortina de humo para conservar el poder, otros porque no aceptaron la derrota en las urnas y el último para defender una administración en la anterior alcaldía plagada de malos manejos, silencios administrativos y complicidades en temas tan sensibles como fue el desastre de Hidroituango.

Pocos días después de la decisión que tomó el Alcalde Quintero para demandar a los contratistas por los daños y perjuicios causados en Hidroituango, se unieron varios sectores liderados por la oposición para crear grupos en whatsapp, en telegram y hasta manifestaciones públicas que revelan objetivos poco sanos para Medellín, pero tratan de vender la idea de estar trabajando y cuidando el patrimonio de los Antioqueños a costas de tragedias y no pensando en el bien común.

EPM hoy cuenta con una Junta Directiva de lujo, una junta que apoya decisiones basadas en argumentos técnicos y jurídicos, personas transparentes, con coherencia organizacional y una trayectoria profesional de alta calidad; ellos en cabeza del Alcalde llevarán por el mejor camino todos los temas que corresponden a EPM y a Medellín.

Ahora bien, si se hiciera una veeduría coherente, lo primero que nos debemos preguntar es: ¿por qué no se hizo una veeduría ciudadana en 2018 entorno a los sucesos que llevaron al colapso de la galería auxiliar de desviación en Hidroituango? ¿por qué la cadena de errores que involucran a los constructores, diseñadores e interventores de la megaobra no se pueden sancionar? ¿por qué aparece una veeduría hoy cuando la demanda afectará a constructores, diseñadores e interventores para que respondan por daños y perjuicios? ¿cuáles son los reales intereses que hay detrás de la veeduría y una oposición absolutamente dañina para Medellín y para el país?

Esas respuestas las debe tener Piedad Patricia Restrepo exdirectora de Medellín cómo vamos en la Alcaldía de Federico Gutiérrez y actualmente vocera de TodosXMedellín, pero también a los mismos exmiebros de la anterior junta de EPM que renunciaron cuando se hizo pública la demanda al consorcio por $9.9 billones.

El tema de EPM está politizado y la oposición hará todo lo posible para destruir el mayor patrimonio de los Antioqueños. ¡No lo podemos permitir!

Por ahora, todo el apoyo al Alcalde Daniel Quintero y a la nueva Junta Directiva de EPM.