Una reforma inaplazable a la justicia

La corrupción en el sector público y privado ha sido, es y seguirá siendo noticia y los daños que arroja son incalculables. Desde hace un buen tiempo ha sido la justicia la que ha estado en el ojo del huracán y no han sido rumores, sino hechos ciertos y comprobados de corrupción en los que están involucrados miembros y ex miembros de las cortes, nada más y nada menos, por los que hay varias personas detenidas y otras están siendo investigadas. Por ello huele muy mal lo que se ha estado conociendo en los medios de comunicación por estos días con ocasión del llamado a indagatoria del ex presidente Alvaro Uribe Vélez, aparte de si fue o no prematura esta actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo fue, porque debió escucharlo primero en versión libre, y lo que estaría demostrando parcialidad e interés de este organismo en la investigación penal en contra del ex mandatario.

La columnista de el periódico El Tiempo, María Isabel Rueda, ha estado dando a conocer una serie de detalles desonocidos para la gran mayoría de la opinión pública sobre la manera cómo ha venido actuando la corte en el mencionado proceso, y muy especialmente, el sesgo y el favorecimiento con el que le archivaron la investigación a Iván Cepeda, este sí comprobado visitante de ex paramilitares, a quienes les ha ofrecido ayuda de diversa naturaleza, bajo el amparo de estar defendiendo los derechos humanos y de unas organizaciones no gubernamentales que contemplan ayudas y beneficios para esta clase de condenados.

Lo dado a conocer por la periodista el domingo 5 de agosto de 2018 es especialmente grave, porque queda en evidencia, y como decimos en Antioquia, más claro no canta un gallo, que los tentáculos de Cepeda traspasaron las fronteras de Colombia y fue a los Estados Unidos en compañía de Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, a hacerle ofrecimientos a Juan Carlos “el Tuso” Sierra, a condición de que declarara en contra de los hermanos Alvaro y Santiago Uribe Vélez; pero esto no le dice nada a la corte, hechos de esta naturaleza no tienen connotación penal, pero otros, más difusos, sí la tienen.

Hizo saber también la periodista, que su colega, Juan Carlos Giraldo, quien fuera editor judicial de Noticias RCN e íntimo del entonces fiscal general Eduardo Montealegre, acudió donde el mismo personaje, “el Tuso” Sierra, por encargo que le hiciera el fiscal mencionado, a ofrecerle 100 millones de pesos para que declarara, también, en contra de los hermanos Uribe Vélez; el periodista no negó el hecho y dijo que había dio a entrevistarlo.

De la alianza que tenía el presidente Santos con Montealegre para hacerle la vida imposible, judicialmente hablando, al ex jefe de estado y a algunos de su entorno, no hay la más mínima duda y no la ha habido nunca, militantes del Centro Democrático se investigaron y se están investigando por orden suya; además, recuérdese para lo que se prestó Montealegre en las elecciones presidenciales de 2014 en el famoso caso del hacker y por esa vía hacerle perder las elecciones a Oscar Iván Zuluaga. El hecho más reciente que confirma lo dicho es la absolución por parte de un juez penal del circuito de Bogotá del ex senador y ex director de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, quien todavía dentro del recinto, luego de terminada la audiencia donde fue declarado inocente, dijo que todo había sido un montaje fraguado y orquestado por Montealegre.

En la fallida reforma a la justicia, porque sus aspectos fundamentales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, por demanda que presentara el ex fiscal aludido, este órgano judicial dejó sin piso el Tribunal de Aforados que muchos defendimos, pues iba a ser una verdadera corte, en la medida que no la permearan los políticos, con juristas reconocidos, los que iban a juzgar a ciertas personalidades del país, entre ellos magistrados de las cortes, fiscal, procurador y contralor general de la nación, sin tener que pasar por la inútil Comisión de Acusación de la Cámara; naturalmente, este tribunal no convenía a los magistrados ni al fiscal general, por eso lo declaraon inconstitucional.

Es el momento histórico más indicado para realizar de una vez por todas una verdadera reforma a la justicia en la que no se permita que intervengan las cortes, porque con lo que ya se sabe de ellas, no van a permitir hacerla de la manera que las circusntancias lo exigen. Tiene el presidente iván Duque una oportunidad de oro para promoverla, Dios quiera que la aproveche.