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Opinión

Un error: La Corte Suprema de Justicia

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daniel pena bayona

daniel pena bayona

La interceptación por “error” de la línea telefónica del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia, se suman a una larga lista de errores del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, encargado nada más ni nada menos que de juzgar al Presidente de la República, a los altos funcionarios y a los Congresistas, labor que a la fecha “le ha quedado grande” y lo voy a demostrar.

En el comunicado de la Corte frente al proceso del representante Niltón Cordoba, acusado de pagar $200 millones de pesos a un magistrado auxiliar para evitar una orden de captura, se informó a la opinión pública de una interceptación telefónica ilegal y premeditada contra el Senador Álvaro Uribe. Un hecho que la Corte denomino error, pero que a los ojos de la ley es una clara violación al derecho a la intimidad, derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución.

Es decir, la Corte Suprema de Justicia, órgano que debería velar por el cumplimiento de las normas, de investigar y juzgar a quienes las incumplen desde altos cargos del Estado, es hoy “la manzana podrida que contamina a todo el árbol y debe ser excluida de facto” según la teoría del árbol envenenado, donde un mal fruto daña toda la cosecha.

La larga lista de “errores” no solo se presentan en la CSJ, prueba de ello son las actuaciones de los órganos encargados de impartir justicia en el país en los últimos días. Mientras que la CSJ considera que una “prueba ilícita es legal”, el Consejo de Estado “responsabiliza al Estado de la bomba en el Nogal” y para cerrar, la Corte Constitucional falla una tutela afirmando que “Los alumnos pueden tener sexo en las aulas de clase”. Se puede decir entonces, que estamos ante una democracia sumida al poder judicial. En vez de garantizar justicia, expide normas de comportamiento que ni el mayor constitucionalista podría entender con consecuencias sociales nefastas para la institucionalidad.

Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos y sus innumerables “errores” se ha desgastado la poca confianza que teníamos los colombianos frente a la justicia. Según la encuesta sobre Necesidades Jurídicas Insatisfechas, solo cuatro de cada diez personas lograron satisfacer sus controversias judiciales entre 2015-2017. Estamos hablando de 2 millones de colombianos siguen esperando una respuesta por parte de la justicia, cifra que aumenta cada día en el país, con un agravante mayor en las zonas rurales.

Escribiendo este articulo y leyendo sobre la chuzada contra Uribe; recordé una de las propuestas más controvertidas –pero a la vez necesarias- de Iván Duque camino a la presidencia: LA REFORMA INTEGRAL A LA JUSTICIA. Una reforma donde sus magistrados se eligieran por concurso de méritos, idoneidad en sus actuaciones y experiencia jurídica. Además, esta reforma debera tener la capacidad de eliminar cargos innecesarios y fusionar las cortes en una gran Corte con salas adscritas al nivel nacional y territorial.

Colombia pide a gritos una reforma a la justicia. Una reforma que garantice un principio social básico: cumplir deberes y respetar derechos.

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