Tribunal Superior de Medellín ordenó restituir 50.000 hectáreas de tierra a una comunidad indígena

Un tribunal colombiano ordenó restituir 50.000 hectáreas de tierra a una comunidad indígena amenazada de desaparición física y cultural por el conflicto armado, como reconocimiento a sus derechos fundamentales y al territorio, informaron hoy fuentes gubernamentales.

Con el fallo se busca revertir la ausencia de seguridad y soberanía alimentaria. EFE

La determinación fue tomada por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Medellín y beneficia a más de 7.000 personas y 1.400 familias de los Embera Katío, del resguardo del Alto Andágueda, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

La gubernamental Unidad de Restitución de Tierras (URT) expresó en un comunicado que con el fallo se busca revertir la ausencia de seguridad y soberanía alimentaria, la mendicidad, la pérdida de prácticas culturales propias y el debilitamiento del proceso organizativo de la comunidad Embera Katío.

También busca recuperar la transformación obligada de sus patrones culturales, así como «la escasa, inoportuna e impertinente atención que han dado lugar a la vulneración de derechos fundamentales de los indígenas».

El director de la URT, Ricardo Sabogal, citado en un comunicado de su despacho, señala que «es un fallo sin precedentes en la historia del país porque estas comunidades han sido victimizadas durante muchos años y desgraciadamente no tenían el mecanismo mediante el cual pudieran proteger sus tierras».

Agregó que el pronunciamiento es el primero en donde «un juez de la república ordena restituir un territorio a una comunidad étnica que ha sufrido mucho».

«En esa zona, todos los males del mundo se juntaron para afectar a esta comunidad: Los desplazó la violencia, luego llegó la minería criminal ilegal y esto los obligó a estar fuera de sus territorios», indicó Sabogal.

Agregó que ahora con la sentencia los indígenas van a poder regresar a sus tierras.

El Gobierno colombiano lleva a cabo un programa de restitución de tierras, cuya ley está en vigor desde 2012. EFE