El Senador Alfredo Rangel en compañía de la Representante Tatiana Cabello presentaron el primer documento sobre el proceso de La Habana emitido por la comisión de estudio del Centro Democrático.

El Centro Democrático presentó el primer análisis sobre el proceso de paz que el Gobierno colombiano lleva con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Senador Alfredo Rangel en compañía de la Representante Tatiana Cabello presentaron el primer documento sobre el proceso de La Habana emitido por la comisión de estudio del Centro Democrático.

El Senador Alfredo Rangel en compañía de la Representante Tatiana Cabello presentaron el primer documento
sobre el proceso de La Habana emitido por la comisión de estudio del Centro Democrático.

En ese primer informe, el partido de oposición advierte sobre la posible vulneración al campesinado colombiano, todo a causa de la ejecución de los acuerdos logrados en La Habana, que según el Uribismo, van en contravía de la estabilidad jurídica.

Aquí el comunicado del Centro Democrático

El Centro Democrático denuncia ante los colombianos la grave afectación a la institucionalidad democrática que están produciendo unos diálogos de paz mal concebidos y peor desarrollados. Por cuenta de las concesiones al terrorismo, del debilitamiento de la política de seguridad y del desestímulo a la Fuerza Pública, la seguridad ha retrocedido en forma crítica en el país como lo demuestran, incluso, las cifras oficiales entre 2010 y 2014. Esto ha tenido una repercusión negativa en el desempeño de la economía que ahora tiene un mediocre desempeño y crea nubarrones de incertidumbre que han desterrado la inversión en muchos sectores económicos.

El campo colombiano se ve amenazado por la eventual ejecución de unos acuerdos que van en contravía de su estabilidad jurídica y que afectarían gravemente el desarrollo del empresarismo agropecuario.

Las FARC están aprovechando los diálogos de paz para fortalecerse, incumpliendo compromisos, engañando al país, y sacando provecho de concesiones inauditas por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos. Su tregua unilateral es una farsa porque siguen amenazando, extorsionando y atacando a la población. Se burlan del desminado, advierten que no desminarán sus áreas de influencia y amenazan con seguir sembrando más minas antipersonas.

Las FARC aprovechan la caída de los operativos militares para rearmarse intensamente. Están incrementando el narcotráfico en muchas regiones del país, así como recabando mayores recursos para su rearme y fortalecimiento, mientras el Gobierno disminuye su acción contra los cultivos ilegales.

Este grupo narcoterrorista niega haber secuestrado menores de edad para sus filas y se niega a regresarlos a sus hogares. Pero, de espaldas a todo este engaño, el Gobierno decide suspender los bombardeos a sus campamentos, concediéndole al terrorismo más libertad de acción para su actividad criminal.

El Centro Democrático propone que, para evitar que esos diálogos sigan afectando la institucionalidad democrática y la certidumbre de la empresa privada, y propiciando el rearme y el aumento de la violencia, se exija a las FARC la concentración de todos sus efectivos y todas sus armas en un sitio de concentración, para garantizar una real, definitiva y verificable suspensión de sus accione criminales contra el pueblo y el Estado colombiano. Proponemos que la ONU, la Organización de Estados Americanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja sean verificadores de esta concentración.

En estas condiciones, los diálogos podrían desarrollarse sin la premura del tiempo que agobia al Gobierno y que lo lleva a hacer concesiones indeseables en la mesa. Así, la Administración de Juan Manuel Santos dejaría de ser rehén de los diálogos de paz.

El tiempo en el sitio de concentración podría descontarse a la pena de cárcel que debe imponerse a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Quienes no sean responsables de estos crímenes no deben ir a la cárcel y podrán participar en política.

Las FARC deberán entregar las armas a la firma de un acuerdo de paz, y también sus dineros, tanto para reparar a sus víctimas, como para impedir su rearme.

La refrendación popular de los acuerdos de paz es insoslayable. Proponemos la creación de un Órgano Legislativo Transitorio, conformado con sufragio universal una vez se haya desarmado el terrorismo, para que desarrolle legalmente esos acuerdos.

Repudiamos la igualación que se hace en Cuba entre la Fuerza Pública y el terrorismo. La justicia para la Fuerza Pública no pasa por Cuba. Insistiremos en la necesidad de crear un Tribunal Pro Témpore para revisar las sentencias contra miembros de la Fuerza Pública, relacionadas con la lucha contra el terrorismo.

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Redacción Minuto30

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