¡Si la sal se corrompe!

En un país en donde la justicia tiene tan mala reputación, similar o peor que la del congreso, el clima de convivencia indudablemente se degenera y el resultado es la incredulidad y el desmedro de las instituciones que deben soportar la democracia.

El daño para esta rama del poder público se inició en la constitución del 91 cuando siguiendo el plan definido de tiempo atrás por parte de los estrategas de las ideas que han propiciado el narcoterrorismo, decidieron introducir la agenda política dentro de la rama judicial, generando poder de elección y veto para funcionarios por parte de la CSJ.

Una vez se inició la politización de la justicia, la rama del poder público que debiese representar la objetividad e imparcialidad inherentes a este concepto universal, empezó su debacle institucional arrastrando además al resto de entidades del estado a un grado de postración tal, que se convirtió en el caldo de cultivo más apropiado para la instauración de ideologías totalitarias, caducas y fracasadas en donde se han entronizado. Ejemplos del fracaso son identificables por las consecuencias que han soportado los pueblos que se han visto tentados a probar esas teorías de igualdad que propician a que el estado sea el gran empresario y desparezcan la iniciativa y propiedad privada.

Posterior a 1991 cuando gobernó el elegido en un entierro que dio origen a la constituyente que cambió la majestad de la justicia masacrada por unos narcoterroristas que se hacían llamar M-19, financiados por el Cartel de Medellín, que se tomaron el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 con un saldo estremecedor de 98 muertos entre ellos 11 magistrados.

Esos mismos terroristas en acto de benevolencia extrema del Estado colombiano y posterior a un acuerdo de paz del 9 de marzo de 1990, participaron activamente en esa constituyente que sin lugar a dudas torció el rumbo del pilar fundamental de un país democrático: La aplicación de la Justicia. Se corrompió la sal.

Al dañarse la sal, base fundamental para la elaboración de la cena democrática, el menú se ha venido vinagrando paulatina y permanentemente, dando como resultado unas instituciones sin credibilidad, situación que puede dar origen a la pérdida de las libertades individuales y al surgimiento del descontento general que da pie para la instauración del régimen totalitario descrito antes.

Ese era el plan pero afortunadamente para Colombia apareció un gobernante que puso el tatequieto a esas aspiraciones de la izquierda nacional y en el 2002 inició con la seguridad democrática, el proceso de debilitación y desmedro del poder que los grupos narcoterroristas habían adquirido por la inoperancia del estado para combatirlos.

Las acciones inherentes a esa política acabaron con las fuerzas narcoterroristas y los sentaron a la mesa, aunque quien al final del día conversó con ellos fue uno de sus pares que les concedió el oro y el moro, además de la impunidad para sus delitos atroces.

La Seguridad democrática truncó esas aspiraciones y eso no lo perdonan ni los activistas del terror y los que detrás de bambalinas han actuado desde tiempo atrás para conseguir que Colombia cayese en manos de los representantes de las ideologías disfrazadas de amor al pueblo. Dicen por ahí que “el comunismo ama tanto a los pobres que los multiplica en proporción geométrica”.

Ahora, consiguieron con una vuelta canela espectacular torcer un proceso en contra del heredero del frente 42 del narcoterrorismo, por manipulación comprobada de testigos para atacar al Presidente Uribe; resultó que el acusador se convirtió en acusado y lo llevaron ante el que debiese ser el máximo tribunal de justicia.

Están de plácemes y se les llena la boca afirmando que hay que creer en la Justicia, que sus fallos son siempre objetivos, justos y patatín patatán con toda esa parafernalia embrutecedora que ha caracterizado a la izquierda. Eso sí, pero si por cualquier circunstancia que en la actualidad es muy improbable, se condena a uno de esos delincuentes, sus pares saldrán a pregonar que la derecha conspiró para conseguir ese efecto. El concepto es de un solo ojo y debe favorecer al zurdo, ese el ideal de justicia para ellos.

El plan es desprestigiar las instituciones, para ello es necesario acabar con su credibilidad; se enfocaron en la justicia puesto que fue hasta 1991 el pilar y la sal de la democracia, hasta el momento lo han conseguido y de ahí su terror para que se reforme y vuelva a tener la majestad que otrora tuvo.

El pueblo colombiano es sabio sabe en dónde está el meollo y hará lo necesario para retomar el rumbo votando el referendo que se está gestando para reformar al estado, incluido claro está ese espinoso asunto de las cortes y su politización.

Con una justicia corrupta, el resto de las instituciones van en el mismo coche pues sus integrantes conocen de sus debilidades y sacan el mejor provecho.

Si no hay castigo no hay riesgos y si no hay riesgos para que carajos se es honrado. Así piensan los funcionarios de todas las ramas del poder público puesto que saben que con un porcentaje de lo que consiguen por su corrupción comprarán un fallo favorable para sus intereses y lo mismo ocurre con los privados que se lucran con esta situación.

Aquí no es la real conveniencia para el común, aquí prima el mejor postor.