Por Edgar Artunduaga

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, hizo su mejor esfuerzo, dice con marcada ironía el Presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren.

Por Edgar Artunduaga

-“Entre tanto –agrega-  el Presidente Santos maquilló su discurso para quedar bien con los ciudadanos”.

Y sentencia:

-“Este es un proceso que inició el gobierno, propició el gobierno y ahora cuando las cosas están en la forma que se conocen, aparentan, se arrepienten….”.

Las afirmaciones de Gómez Aranguren se producen paralelas a miles de comentarios que ruedan en las redes sociales, en el sentido de que “la cabeza” del Ministro Esguerra, quien renunció forzado por el escándolo, no es suficiente condena ante el despropósito de un acto legislativo, convertido en una jaula de “micos” y burlas a la Constitución.

Alguna sanción debe recaer sobre los congresistas que “conciliaron” el disparate, con fines claramente corruptos, gritan de todos lados comentaristas profesionales y ciudadanos del común.

No es posibe, digo yo, que un puñado de senadores y representantes –que pagamos todos- se reúnan para-delinquir contra todos los colombianos, que levanten las talanqueras contra la impunidad y se alcen con los controles constitucionales.

Volviendo con el Presidente del Consejo de Estado, le pregunto:

¿Está tratando de eludir el Presidente, su gobierno, las responsabilidades en el fracaso de la reforma a la justicia?. 

Eso es verdad. ¿Quién fue el que propició la iniciativa? El gobierno. Tan pronto inició el gobierno Santos, nos convocaron para que participáramos en una mesa de concertación, para acordar algunos temas de reforma. Es obligación de los poderes públicos colaborar armónicamente. Nosotros nos opusimos, no encontramos acuerdo con el gobierno y nos dijeron «si no quieren acuerdo, la Constitución les permite que presenten una alternativa a nuestro proyecto y así lo hizo el Consejo de Estado».

El proyecto del Consejo de Estado no fue tenido en cuenta en la más mínima de sus estipulaciones, fue archivado en primer debate,  y el Presidente Mauricio Fajardo, del Consejo de Estado, se retiró. Nosotros venimos luchando, como ustedes vieron, tratando de persuadir a los congresistas, tratando de hacer buenos oficios para neutralizar las cosas que venían en la carta.

Ya el país sabe lo que pasó. ¿“La tapa”, como dicen los muchachos hoy, fue lo sucedido en la Comisión de Conciliación?

La estructura del mismo proyecto de reforma está viciado, en el sentido de que se pretendió reformar la justicia y sobre ese pretexto, se creó un nuevo régimen de congresistas, que acababa con efectos vitales establecidos en la Constitución del 91. Final del formularioIndependientemente de lo que se haya podido decidir por parte de la Comisión de Conciliación, la verdad es que en el camino se fueron construyendo enormes defectos y maltratando los estamentos más especiales de la carta política de los colombianos.

¿El esperpento se fue construyendo a los ojos de todos?

Totalmente. Se utilizó como pretexto a la justicia, para conseguir eliminar el juzgamiento penal de los congresistas en la Sala Penal de la Corte; se utilizó el proyecto de la justicia para abolir la pérdida de la investidura; se utilizó el proceso de la justicia para generar unas limitaciones a la autonomía de los jueces, para terminar con su independencia.

¿Si entrara en vigencia la reforma, qué tanto ocurre?

Si la reforma entra en vigencia, se paralizan 39 procesos de pérdida de investidura que estaban en sala plena para discusión de fallo definitivo.

¿Se quedó corto el Presidente Santos en su respuesta a la situación?

El suyo fue un acto valiente aunque tardío. Nosotros le dijimos al país, por medio de los medios de comunicación, que el Presidente le debía una explicación a los colombianos y la dio, tarde. Hay que reconocer los errores, en asunto tan grave y negativa para los intereses de la patria.

La expedición de los actos legislativos, no requiere sanción presidencial, no tiene la figura de objeción. Una vez terminan los debates, dentro del término de la legislatura que inició el 20 de julio, debe promulgarse, es decir, publicarse. En tanto no se publique, el término para producir el acto,  se está ganando tiempo. De esa manera, la reforma no saldría y vería una muerte de pobre.

¿Y qué responde a las críticas que se formulan a los magistrados y a las Cortes, que habrían apoyado por debajo de la mesa la reforma?

Son los comentarios que circulan en los diferentes ambientes. La verdad es que nosotros nos retiramos del debate formal, desde noviembre. Nuestra participación eventual en lo que llamamos la cumbre de poderes, fue para atender nuestros deberes de hablar con los congresistas, con el Presidente, en un solo acto, y tratar de precaver perjuicios mayores.

Planteamos que era indispensable suprimir ese proyecto en la reforma política. Obviamente no nos pusieron atención y la cosa continuó. Respecto de lo que otros magistrados de otras Cortes hayan hecho, son cosas que no es debido que nosotros vayamos a evaluar o a juzgar, porque no es ese el papel que la sociedad nos exige.

Además de haber perdido todo este tiempo, ¿qué sentimientos tiene hoy sobre lo que ha pasado?

Un desgaste emocional muy grande, un desgaste de tiempo, de energía. Obviamente hicimos nuestro mejor esfuerzo por estar pendientes de cumplir un deber constitucional, de atender todos los mandatos de la democracia, en el sentido de que nos imponen participar en las actividades parlamentarias en torno a cuestiones que tienen que ver con la justicia y con la vida jurídica del país. Estuvimos y aprendimos muchas cosas.

El mundo político es muy complejo, el mundo de la justicia y el derecho tienen otros rumbos. Lo importante es que ojalá se mantenga la integridad del orden jurídico colombiano y todos saquemos la conclusión fundamental, mantener el respeto a los valores fundamentales de la Constitución Política, que nos dejaron los constituyentes de 1991.

¿En su opinión, cómo queda el Congreso ante el país?

Me parece que es necesario fortalecer la independencia de los poderes. En Colombia hay básicamente dos poderes: el poder presidencial, que comprende la rama ejecutiva y legislativa y el poder judicial, siempre como el estorbo a todos los propósitos de los otros dos poderes. Es, más o menos, el panorama muy en blanco y negro, de lo que es nuestro Estado.

Necesitamos fortalecer participación, independencia, autonomía y equilibrio; es indispensable para que nadie que esté en el ejercicio del poder, se crea dueño de la Nación y de los destinos de la patria; sino que entendamos que lo público le pertenece a todos los colombianos.

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Redacción Minuto30

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