Por una reforma tributaria justa. Por Olga Suárez Mira

Comprendo la preocupación de los colombianos por el proyecto de reforma tributara que el Gobierno le acaba de presentar al Congreso. Sin embargo noto en el ambiente parlamentario una sana intención de que la nueva carga de impuestos no perjudique a la mayoría de los trabajadores que devengan un mínimo o a la clase media que es el motor y la vida de la economía de un país.

Olga Suárez Mira

Por lo menos ese es el compromiso personal, aunque todos debemos comprender que los impuestos son necesarios para la marcha del país y que es indispensable tapar el hueco fiscal que llega a los 13 billones de pesos, para que el Gobierno les pueda garantizar a los colombianos las inversiones básicas en el próximo cuatrienio.

Es obvio que de entrada un proyecto de reforma tributaria desanima a los colombianos porque saben que todos los gobiernos de turno les han incumplido con el desmonte del 4 x 1000, que era un impuesto temporal, y se ha convertido en una carga permanente, siempre con una disculpa diferente. El 4×1000 es un impuesto antitécnico y hay que trabajar por su efectivo desmonte. Es indiscriminado, afecta a todos las clases sociales e incentiva el uso del efectivo, lo cual hace que la Dian pierda la posibilidad de hacerle un seguimiento a todas las transacciones.

El impuesto a la riqueza también ha generado una polémica razonable. Se impondrá a quien posea una riqueza igual o superior a los 1.000 millones de pesos, a partir del 1º. de enero del próximo año. Mi propuesta es que este impuesto lo paguen quienes tengan un patrimonio igual o superior a los 2.000 millones de pesos, a partir del 1º. de enero de 2015. Y en las exclusiones que generan descuento de la base gravable se incremente el valor de la casa o apartamento de habitación a 15.000 UVT ($412.275.000). El gobierno propone (12.000 UVT – $335.317.000).

En este impuesto al patrimonio, propongo que los bienes o propiedades que se encuentren afectados por diferentes hechos, que no permiten el disfrute o usufructo de ellos, queden excluidos del impuesto a la riqueza.

Pienso que es una obligación imperante del Gobierno endurecer los controles a la evasión a quienes no pagan los impuestos. Se estima que esta cifra llega fácilmente a los 40 billones de pesos. Una tarea más efectiva de la Dian permitiría aliviarle las cargas tributarias a la mayoría de los colombianos y se haría justicia con quienes religiosamente pagan sus impuestos cada año, cumpliendo al pie de la letra con la ley. En este aspecto el Gobierno debe implementar una serie de medidas estimuladoras para que el ciudadano pague sus impuestos, en lugar de las privativas de la libertad que solo contribuyen a incrementar el hacinamiento carcelario.

Se estima que un alto porcentaje del bajo pago de los impuestos se debe por la evasión de aquellos ciudadanos que no sienten estímulos para pagar, porque no quieren cumplir con su deber o porque se confían en que no van a ser descubiertos ni sancionados. Esta es la razón por la cual los gobiernos acuden siempre a subir la base del IVA, lo cual es una injusticia con quienes pagan severamente sus tributos, como la economía formal.

Una obligación del Congreso es buscar que el Gobierno aplique una reforma tributaria justa, que ponga al ciudadano en el plano de contribuir al desarrollo y progreso del país y a los programas básicos acordes con la protección de sus derechos, pero a la vez que no golpee el bolsillo ni afecte la canasta familiar. Vamos a trabajar por una reforma tributaria necesaria, pero a la vez equitativa. Ese será mi compromiso.

Olga Suárez Mira es senadora de la República por el Partido Conservador