¿Quién dice la verdad?

Esta semana hemos conocido perplejos, afirmaciones de varios jefes de las FARC de acuerdo con las cuales el secretariado habría tomado la decisión de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado por su llamado a intervenir las denominadas “repúblicas independientes”.

El hoy senador Carlos Antonio Lozada habría transmitido esa orden, recibida del ‘Mono Jojoi y ejecutada por cuatro unidades de la entonces red urbana Antonio Nariño.

Al respecto, lo primero es lamentar que el más visionario líder político colombiano del siglo XX haya caído víctima de «una violencia política injustificada», que independientemente de su origen, había sido tantas veces denunciada por el propio doctor Gómez en escenarios como el discurso de proclamación de la Constitución de 1991.

Sirvan estas líneas de sencillo homenaje a su honorable memoria y a su brillante legado.

Ahora bien, aunque la versión no debe ser descartada de plano, sería equivocado esperar que estas recientes declaraciones fueran acogidas sin suspicacia ni escepticismo.

El país debe entender que esta versión resulta inverosímil, por el momento en que surge; Precedida por anuncios “espontáneos” de Piedad Córdoba, justo después de retirarse de la carrera política; es decir, cuando ya tiene poco que perder y de una reunión entre varios líderes de las FARC, Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda.

Además por la forma, dado que en este caso extremadamente particular, no bastó ese reconocimiento, sino que aquella renuencia que los sometidos a la JEP venían mostrando a reconocer verdad, de repente se transformó en una extrema contricción, con golpes de pecho y ruegos de perdón, contenidos en más cartas y declaraciones públicas de todo tipo.

Intempestivamente, parecen los supuestos perpetradores movidos y conmovidos por un afán narrativo diferente al propio reconocimiento.

Igualmente hay que tener en cuenta que los magnicidios sicaríales no eran una práctica usual ni mucho menos un patrón de conducta de las FARC en la época de los hechos.

Así mismo, cabe preguntarse: ¿Por qué esa información no surgió de los computadores del miembro del secretariado Raúl Reyes incautados en marzo de 2008?

También resulta muy poco creíble que las supuestas cartas de Marulanda donde comentaba hechos tan secretos y delicados, fueran divulgadas en un libro así como así en 2012, por parte de la guerrilla.

Sin embargo, un elemento particularmente delator de posibles intereses implícitos es la carta enviada por parte de ‘Timochenko a Álvaro Leiva donde se lee “por favor, que dejen de buscar el ahogado aguas arriba». ¿A qué se debe ese clamor?

Finalmente, Carlos Antonio Lozada ha dicho que la decisión de asesinar a Álvaro Gómez estaba tomada desde la fundación de las FARC. ¿Por qué no reivindicaron la autoría de una acción tan trascendental para la guerrilla?, como en su momento ocurrió con los asesinatos del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuéllar, o de varios alcaldes como el de Puerto Berrío Fernando León Zuluaga Tamayo o el de Zapatoca Efraín Durán Bohórquez.

Estos indicios no son concluyentes de mendacidad, pero existen todavía menos de veracidad.

En consecuencia, por ahora estrictamente es, y así debe tomarse, como una hipótesis más dentro de las muchas que han sido formuladas en el proceso, lo cual no es menor.

Ahora la responsabilidad recae en la Fiscalía, quien debe acopiar inmediatamente las pruebas, evaluar y contrastar su autenticidad y citar a comparecer a los líderes de las FARC y a todas aquellas personas que puedan brindar información de acuerdo con las diferentes líneas de investigación.

Debe establecer con toda celeridad si miembros de las FARC realmente son responsables del crimen y si de ser así, son los únicos responsables.

Es de recordar que esclarecer el asesinato del doctor Gómez fue una de las principales tareas encomendadas al Fiscal Barbosa por parte del Presidente de la República y que la Fiscalía no sólo puede, sino también debe seguir investigando este crimen de lesa humanidad, hasta tanto pase a la JEP. Y esto ha de suceder más tarde o más temprano.

Por consiguiente, donde debe ponerse la lupa con rigor, es sobre las conductas de la justicia especial y de la ordinaria, pues en ambas existen riesgos considerables de impunidad, como bien hemos ido comprendiendo. Lo anterior, ya no es ni siquiera por un presunto ánimo de encubrimiento o complicidad.

Es porque la denegación de justicia no sólo consiste en que ella falte parcial o totalmente, sino que también se cifra en cada día de tardanza para esclarecer la verdad.

Y este es el punto fundamental. La propia familia del doctor Álvaro Gómez lleva veinticinco años pidiendo verdad y justicia, no compensación económica alguna. Pero en esa verdad estamos interesados muchas más personas que la familia Gómez.

Así entonces, el significado de estas confesiones también estriba en que los procesos que han de llevarse ante la JEP no son como cualquier otro, que no pueden desarrollarse al margen de la constante vigilancia de la sociedad.

La verdad que necesitan y solicitan las víctimas al interior de estos procesos es también la verdad que necesita la sociedad. Así, el factor que falta integrar en la ecuación es que la sociedad colombiana vigile activamente que se logre la verdad, pues esta no tiene color político.

En ese sentido, el caso del doctor Álvaro Gómez también puede provocar que más ciudadanos y más líderes se apersonen de la defensa de los intereses de las víctimas de la violencia y velen por la efectividad de sus derechos.

Además pone sobre la mesa desde ya, que el único obstáculo de la verdad no es la falta de aceptación de las atrocidades, sino también aquella aceptación que la falsea, la desvía o la encubre.

Todo ello evidencia, que es hora de establecer veeduría ciudadana organizada, significativa y eficaz sobre las actuaciones y las omisiones de la JEP, en términos de prevenir la impunidad, pero también el despilfarro administrativo y la vulneración de otros derechos de las víctimas y de la sociedad en general.

Un último punto no menos importante, es el rol de la exsenadora Piedad Córdoba, quien además de instar públicamente a encontrar la verdad, reveló que tenía información sobre el caso del doctor Gómez y dijo que quería ir ante la Comisión de la Verdad. Aquí cabe preguntarse:

¿Cómo sabía Piedad Córdoba sobre esa responsabilidad? ¿Hace cuánto tiempo conocía al respecto? ¿Cometió omisión de denuncia? ¿Cuál era su supuesto propósito de callar esa información? y ¿cuál su actual interés de revelarla?

Téngase en cuenta que la exsenadora se ha mostrado en tónica de obstruir la investigación, al negarse a comparecer ante la Fiscalía. Por eso la pregunta de fondo es si Piedad Córdoba desea contribuir a que se sepa la verdad, o acaso es solamente una encargada más en la línea de garantizar que esta se pierda para siempre.