“¿Cuándo el Gobierno Nacional certificó al señor alias ‘Timochenko’ ante las autoridades judiciales la condición de ‘vocero’ o ‘miembro representante’ del grupo al margen de la ley FARC, a fin de suspender las órdenes de captura que se han dictado en su contra?, es una de las inquietudes presentadas este miércoles por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, ante la confirmación de la presencia en La Habana (Cuba) del condenado delincuente y máximo cabecilla del grupo terrorista y narcotraficante FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, con la autorización del Gobierno Nacional.
procurador

En comunicación escrita enviada al primer mandatario de los colombianos, el jefe del Ministerio Público también preguntó:

• “¿Cuándo el señor alias ‘Timochenko’ adquirió la condición de ‘vocero’ o ‘miembro representante’ del grupo al margen de la ley FARC para participar en la mesa de diálogos de La Habana?”.

• “¿Cuántas órdenes de captura existen a la fecha contra el señor alias ‘Timochenko’?”.

• “¿En cuántas oportunidades el Gobierno Nacional ha autorizado al señor alias ‘Timochenko’ para desplazarse a la ciudad de La Habana y participar en la mesa de diálogos con el grupo al margen de la ley FARC?”.

Como representante de la sociedad y garante del ordenamiento jurídico, el procurador general de la Nación formuló un respetuoso requerimiento al presidente de la República para que sean enviados a la Procuraduría los informes presentados por el Gobierno Nacional a las comisiones Primera de Senado y Cámara del Congreso de la República, referidos a la utilización de las atribuciones que le confiere al jefe de Estado la Ley 418 de 1997, que regula los procedimientos en desarrollo de procesos como el adelantado en la actualidad con el mencionado grupo al margen de la Ley FARC.

En días pasados y una vez el señor ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, dio a conocer estos desplazamientos de alias “Timochenko” al escenario de los diálogos entre el Ejecutivo y la insurgencia, el procurador general de la Nación manifestó que “los colombianos tenemos el derecho de conocer cuál es el estatus jurídico que se da a quien tiene órdenes de captura en su contra, a quien tiene reiteradas decisiones judiciales ejecutoriadas y quien al parecer es conducido y protegido por el Estado colombiano mientras da órdenes para secuestrar, para matar y para cometer genocidios y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo colombiano, contra nuestro Ejército y nuestra Policía Nacional”.

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