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Opinión

Por una real convivencia escolar. Por Olga Suárez Mira

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Los últimos hechos de violencia escolar que se han presentado en el país, nos demuestran que desafortunadamente las instituciones, los educadores, los padres de familia y los mismos estudiantes desconocen la Ley de Convivencia Escolar, de la cual fui una de sus ponentes en el Senado, y que establece sanciones tanto para los planteles educativos como para sus directivos en caso de que no se enfrenten oportunamente los problemas de matoneo que se presenten en colegios y escuelas.

Olga Suárez Mira

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La principal manifestación de violencia escolar se denomina el matoneo, que se ha puesto de moda por cuenta de la actitud agresiva de algunos estudiantes que buscan ejercer el poder o el dominio sobre otros compañeros a través de actitudes, hechos, palabras, mensajes, para ofenderlos e intimidarlos.

El presidente Juan Manuel Santos y el Ministerio de Educación le pusieron todo el empeño a esta ley, la cual encontró el respaldo oportuno en el Senado donde surtió todos los trámites sin dificultades. El día de la sanción, el presidente Santos dijo que “esta ley busca fundamentalmente reducir la violencia escolar y disminuir el embarazo en adolescentes. El matoneo es un asunto que no da espera porque contamina a la sociedad”, sostuvo Santos. Y luego dijo: “La ley sancionada está llamada a coordinar la creación de mecanismos que permitan la denuncia y seguimiento, a través de Internet y las redes sociales, de los casos que se tenga conocimiento en las instituciones educativas”.

¿Pero cómo funciona en la práctica la ley de Convivencia Escolar? Para hacerle frente al fenómeno del matoneo se crea un sistema de comités a nivel nacional, departamental y municipal. La red de comités se debe replicar en cada institución educativa con el objetivo de analizar los factores de riesgo asociados a la violencia escolar y al embarazo de adolescentes. La ley de Convivencia Escolar es tan específica, que estos comités deben estudiar casos como un simple empujón, palabras ofensivas, golpes o humillaciones.

Esta ley también contempla la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Se trata de definir una línea efectiva de atención a estudiantes y padres en casos de violencia escolar, con un sistema único de información para que los rectores reporten cada una de estas anomalías. Los comités podrán tomar decisiones para proteger a las víctimas y a castigar a los victimarios. Y las instituciones educativas deben adaptar sus manuales de convivencia a la ley, en coparticipación con estudiantes y padres de familias.

La entonces ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo que “esta Ley tan importante le va a permitir al sistema educativo una serie de instrumentos y herramientas que antes no teníamos para poder promover una convivencia pacífica de los derechos humanos y mitigar los efectos de la violencia en las aulas de clase”. Y también agregó que “de manera obligatoria lo que busca la Ley 1620 es diseñar un sistema de información en toda Colombia que nos permita conocer los datos de los casos de violencia que se presenten en los colegios; además, esto servirá para garantizar que los niños y las familias afectadas por el Bullying o matoneo escolar se les garantice un tratamiento o ayuda para superar las barreras de la violencia”.

Otro aspecto positivo, como lo dijo el presidente Santos, “es que se aproveche la ley de Convivencia Escolar para generar procesos incluyentes con todos los actores necesarios para lograr que los colegios se conviertan en centros de paz y no en espacios de discriminación o enfrentamientos violentos”.

Conociendo el remedio, es mucho más fácil detectar la enfermedad. Así que escuelas y colegios, directivos, profesores, estudiantes y padres de familia, ya saben cómo se puede combatir y erradicar la violencia escolar.

Olga Suárez Mira es Senadora de la República

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