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Opinión

EL POBLADO, alborotó las plañideras… Por: Nelson Hurtado O

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Tenemos los colombianos, la tendencia a confundir al agente de policía o de tránsito, con la autoridad misma, más por como percibimos sus imágenes y por el estribillo que repite, que: “el uniforme se respeta y se hace respetar” o por el famoso “Usted no sabe quién soy yo”.

Nelson Hurtado O

Nelson Hurtado O

En una sociedad como la nuestra, en la actual etapa de la “sifilización humana” que nos ha correspondido vivir, tenemos los humanos que habitamos en los conglomerados urbanos, (antítesis de las ciudades: tanto como urbs y como civitas, en los romanos), la carga de estar ahí, como puestos por fuerzas invisibles, que nos obligan a recorrer caminos que no hemos labrado con nuestros pies, llevando a cuestas los títulos de ciudadanos y por ende cosidos a la piel, el derecho y la ley, que aunque les ignoremos, nos siguen para bien o para mal, a donde vayamos, pues podrá existir una sociedad humana, sin estado o sin territorio, pero jamás sin derecho, por rudimentario que sea.

Respecto a la valorización en El Poblado y por causa de obras públicas viales, es necesario decir, que es un plan, no solo improvisado, sino que diría que hasta mal intencionado y que es la misma respuesta de una dirigencia que se quedó anclada en las décadas del 30 al 80 del siglo pasado, la misma que aún se enorgullece de haber sepultado bajo toneladas de hierro y cemento, la quebrada Santa Elena y que repite con muchos de los acuíferos que cruzan El Poblado, la misma que aún lleva el “hacha que mis mayores, me legaron por herencia”, de diestra a siniestra, como en la tala del bosque Los Guayabos, para dar paso a la soberbia, en la mole inútil del puente de la 4 sur.

Remitiéndome tan solo a lo que consta en las actas del concejo de Medellín, de enero a junio de 2008, no hay duda, que la corporación edilicia, la que debe representar a todos los ciudadanos que habitamos este valle y desde el propio recinto de la democracia local, en el tema de la valorización, lo que hizo fue una especie de conjuro, en contra de los seres humanos que habitamos en esta parte de la ciudad, bajo la divisa de estigma y de resentimiento, que aquí viven los “RICOS de MEDELLÍN”, agregando sutilezas, pero definitorias, como “el que quiera vivir bien, que pague o si no que busque donde pueda vivir”, en un ejercicio de verborrea populista, que habría envidiado el mismo Hugo Chávez.

[pullquote]Muchos siguen esperando que las obras viales, les traerá a sus propiedades, valorización, en especie dineraria, contante y sonante…[/pullquote]No están equivocados profesionales tan profundos de la ingeniería, como los Drs. Darío Valencia R, Johel Moreno, Gustavo Duque V, Franco León Guerrero, Mario Rodriguez y otros no menos prestantes que se me escapan, vinculados a varias universidades de la ciudad, ni economistas destacados como Guillermo Maya Muñoz, María Cecilia Céspedes J, ni intelectuales enormes, como José Alvear Sanín, con una multiformación envidiable, ni los médicos salubristas, ni otra serie de profesionales, coincidentes, en que El Poblado es un biotopo, que debe protegerse, por su especial significación en el contexto del Valle de Aburrá, por las cadenas o estaciones bióticas, por estar cruzado su suelo, por el mayor número de acuíferos de la ciudad. Y no están equivocados, por cuanto desde la comunidad científica mundial y desde la nacional, son aplicables al caso, las tesis que han desarrollado en Colombia Artunduaga Salas, Wilches Chaux y Manuel Rodriguez, Morcillo Dosman y Galvis Gaitán, a quienes como si no hubiera que creerles, les acompaña Al Gore L. Mumford y W. Vickrey, el mismo Glaeser, Sennett, Bauman, Vargas Llosa y Manuel Delgado y muchos más y las no pocas advertencias de organismos mundiales como la ONU, la OEA, la OMS, la CEPAL y a nivel local, las secretarías de Salud, Medioambiente, Obras Públicas y Planeación de Medellín, quienes afirmaron que las obras públicas viales en El Poblado, no solucionarían el problema de la congestión vial y la ralentizada movilidad, que se habían disparado los casos de ERA (Enfermedad respiratoria aguda), la accidentalidad vial, la contaminación por material particulado, gases, ruido y calor, provenientes de fuentes móviles.

Recientemente afirmó en El Mundo del 5 de octubre de 2014, el director del FONVALMED, que: “Cuando  en un barrio se instala un acueducto o un alcantarillado, mejora porque se presta un servicio adicional para la comunidad, pero no genera ningún valor a la propiedad, pero al hablar de vías, si se mejora o desmejora la movilidad en el sector, podría ser un factor de beneficio”. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan.

Más sin embargo, muchos siguen esperando que las obras viales, les traerá a sus propiedades, valorización, en especie dineraria, contante y sonante, que aspiran a realizar u obtener en el mercado inmobiliario, altamente especulativo, como es el de Medellín; es la magia seductora de la renta del suelo urbano, la misma que los mantiene confundidos y sin poder distinguir entre VALOR y PRECIO, por lo cual, mientras las propiedades se les valorice, en términos de incremento de precio, poco importa que las almohadas les quede a 3 metros de los mofles de los carros, del ruido y de su coctel tóxico, o que al apartamento entre a habitarlo como intrusos, más hollín y más ruido y la enfermedad tome el cuarto de huéspedes. Mientras haya dinero, qué importa que la intimidad, el sosiego doméstico y la calidad de vida, huyan, al fin y al cabo, “el auto es el miembro más querido de la familia antioqueña”, afirmó una dama editorialista de una revista antioqueña.

No voy a seguir hablando de la valorización y me voy a la desvalorización.

Y es que además de la desvalorización atrás referida, por las obras públicas viales en El Poblado, se ha hecho evidente, en ella misma, la desvalorización del DERECHO, de la LEY y de la AUTORIDAD, en Medellín.

Cerca de 50000 personas de El Poblado, no interpusieron el recurso de reposición contra la Resolución 094/14 de Fonvalmed, que liquida y distribuye la valorización y entre los argumentos que expusieron para no hacerlo, se colacionan perlas como estas: “no, es que a mí me vino muy poquito y de pronto me suben”, “ a mí eso no me afecta, yo tengo con que pagarla”, “es mejor pagar que tener que ponerse uno a perder tiempo y a gastar en abogados”.

Otras cerca de 22000 personas, interpusieron el recurso de reposición, el último, pero único que puso a circular la Veeduría El Poblado, en cerca de 10 folios, pero debidamente fundamentado, lógico, coherente, contra la misma Resolución 094/14 y en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos al debido proceso, al acceso a la información pública, no sometida a reserva, a la buena fe, la legítima confianza, la moralidad administrativa, a la dignidad humana y por el respeto y vigencia plena de los principios, los valores y fines del Estado Social de Derecho democrático y participativo y del respeto al ordenamiento jurídico colombiano. En El Poblado y por causa de la valorización, varios seres humanos de la tercera edad, vulnerables y protegidos por la Constitución, están enfrentados a inminente desarraigo, sin dejar de mencionar a los copropietarios de Space y otras unidades residenciales.

Desde la veeduría, procedimos frente a la Resolución 094/14, con arrestos, con vehemencia, con contundencia, si se quiere sin reverencias, pero sí con respeto y certeza, respecto al rigor jurídico, con que hemos debatido el tema, crucial frente al futuro mismo de El Poblado.

Sea la oportunidad pues para reiterar, que la Resolución 094/14, es una fotografía de la mejor calidad, de la desvalorización del derecho, de la ley y de la autoridad, propiciada desde la misma administración del Municipio de Medellín, pues transgrede la Constitución, las leyes y los precedentes jurisdiccionales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sobre el tema puntual de la valorización, tal como se citan en el modelo de recurso de reposición.

Las múltiples y reiteradas transgresiones, en que se incurre, desde el concejo del año 2008 hasta la Resolución 094/14, por las dichas obras públicas viales, no son más que un acto de rebeldía, de desacato, de desobediencia, de desconocimiento, de suplantación, del ordenamiento jurídico colombiano, desde esa subversión oficial, legal, a la cual van cosidas o la improvisación o la corrupción o ambas y que se funda en la sui géneris tarea de como en la “adaptación de las especies”, hacer del bien común y del interés general, un simple comodín, una simple cantina que pueda llenarse de arbitrariedad, subjetividad o capricho y lo más grave con conocimiento de causa, de tal modo que si el señor director de Fonvalmed afirma que a los actos administrativos, los cubre la “presunción de legalidad, hasta tanto no los anule la jurisdicción”, está en posesión de una verdad a medias, pues se refiere a los actos regulares y no a los que de manera ostensible, son irregulares, por ser contrarios a la Constitución y a la ley o por causar agravio a los administrados, como ocurre con la Resolución 094/14, frente a los cuales tiene el deber de la revocatoria directa, como lo establece la ley 1437 y de manera puntual, como lo han decidido la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2014 y el Consejo de Estado en la sentencia 2007-00120 (17578) del 19 de enero de 2012, precedentes que desacata desde el artículo 10 de la ley 1437, el artículo 4 de la Constitución y desde la sentencia C-634 de 2011.

Ha sido tanta la desvalorización del derecho, la ley y la autoridad, en relación con El Poblado, que incluso se han adelantado expropiaciones administrativas, de bienes cuya integridad está protegida desde la Constitución y adelantando el procedimiento expropiatorio sin cumplir los requisitos que establece la Constitución y en especial la ley 388 o de POT.

Es una desgracia para cualquier ciudad, que sus súbditos tengan que salir a la calle a hacerse oír, a hacerse ver o a acudir ante el juez, en defensa de los actos lesivos del príncipe. Increíble e insoportable para el ciudadano, que en el corazón mismo de la administración pública municipal de Medellín y en nombre de la “democracia” y del ordenamiento jurídico, existan nichos para el no derecho, la no ley, la no autoridad, ¿Cómo entonces creer y defender que “La ilegalidad no paga”?

Si J. Rivero, sostuvo, que: “Toda teoría de la responsabilidad enseña, los altos grados de civilidad, que ha alcanzado el mundo”, bien que sin equívoco, hoy podemos sostener que: Toda teoría de la responsabilidad, lo que enseña, son los altos grados y las pesadas cargas de incivilidad y antivalores que ha acumulado el mundo, a lo que en el orden municipal no le bastan los antídotos de los premios mundiales por “votos en redes sociales”, ni la arquitectura-cosmética, ni los dolmen a la memoria.

¿Dónde queda el derecho a la ciudad, en aquella cuyos tributos, instrumentalizan al ciudadano y se convierten en modos de remoción urbana?

No de otra manera se entiende que en el 2008, desde el concejo de Medellín, 20 concejales, a sabiendas de la vulneración de la Constitución y las leyes, hayan adosado al plan de desarrollo 2008-2011, de manera ilegítima, inconstitucional e ilegal, un plan vial, por valorización, contra “los ricos de El Poblado”, como consta en actas y que ahora en 2014, salgan a ofrecerse de plañideras, de esta misma comunidad. Por lo menos diferente ha sido la actitud del concejal Luis Bernardo Vélez, de meterse ahí, de estar en los plantones, de lograr ese contacto “face to face”, en la calle, con sus conciudadanos, sin lo cual, no hay democracia. ¡Coherencia, señores, coherencia!

Sencillo, es cuestión de dignidad humana y los seres humanos de El Poblado, como clase media de Medellín, no estamos de limosna, tan solo exigimos nuestros derechos, porque como ciudadanos, civilistas, cumplimos nuestros deberes y acatamos y respetamos el ordenamiento jurídico y ese mismo respeto y acatamiento es el que demandamos de quienes fungen de autoridades públicas locales.

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