Película sin cortes

Esta semana hemos visto en el colmo de la desazón, ya no del asombro, la institucionalización de una nueva gambeta desinstitucionalizadora. Un senador buscando evitar el juez que lleva su proceso, dando continuidad a una cinta que todavía no tiene nombre.

En todo caso, describir esta realidad no requiere nombres, ni referencia a lugares o a hechos conocidos. Si el tribunal más encumbrado de un país puede actuar solo cuando los procesados se lo permitan, ese país no puede garantizar justicia a nadie y, en fin, esa justicia no es real.

En nuestro país el fuero que establece la Constitución para que los congresistas sean juzgados por un tribunal con las máximas garantías es fantasía, porque: 1. Si lo desean, pueden renunciar y así el tribunal pierde competencia; 2. Si ellos o cualquier otra persona tiene manera de argumentar una relación con la violencia armada puede pasar a un procedimiento especial más favorable y 3. El Tribunal no ofrece las garantías que son de esperar. Y eso que estamos hablando de los procesos que, en teoría, están mejor rodeados de legalidad procesal y material.

En cuanto a lo primero, no existe un mecanismo para evitar que una vez los congresistas se ven envueltos en una investigación, con su renuncia el proceso quede en manos de la Fiscalía.

Si vamos al segundo aspecto, existen varios casos de procesados que han buscado verse libres de penas de prisión acogiéndose a la jurisdicción especial derivada de los acuerdos de La Habana. En realidad, no se ve por qué este tipo de maniobras vayan a cesar ni existen garantías convincentes para pensar que no se van a filtrar unos cuántos avivatos.

Tanto quitarse un fuero especial como cambiar de fuero parecen ser alternativas a disposición de personas de toda corriente política e ideológica. Por tanto, el color del procesado no es un factor determinante en este diagnóstico. Mañana podría hacerlo cualquier aforado.

Para completar, la judicatura en asuntos penales está dirigida por un cuerpo judicial que ha estado envuelto en escándalos, acusado de prácticas irregulares como interceptar sin autorización, lesionado en su legitimidad y fuertemente cuestionado por haber politizado sus criterios.

Todas estas son escenas de horror de un país prácticamente sin cortes, que no hacen parte de ninguna película. En conjunto tejen entramados reales de disfuncionalidad institucional que brotan silvestres, rotundos, esbozando un fracaso sin guiones para el estado de derecho.

Hay quienes justifican que ciertas personas en la sociedad puedan hacer el quite a la Corte cuando esta se encuentra politizada. Otros restan importancia a la falta de garantías en dichas instancias, afirmando que, al fin y al cabo, los sometidos a juicio pueden elegir el juez que más les convenga.

Ambas visiones ignoran el punto central de la cuestión: Una corte suprema prácticamente inexistente y más que eso, un sistema de justicia resquebrajado y poco útil, que pide a gritos una reforma estructural.

Esa sí debería ser la preocupación de quienes quieren mover todo por consulta ciudadana o a través de una constituyente parcial. Fórmulas en principio plausibles.

El fondo del asunto es una institucionalidad que parece haberse resignado, o acomodado, al funcionamiento defectuoso de los órganos que constituyen el seguro de todo engranaje democrático. Jueces y magistrados independientes y procedimientos equilibrados.

¿Cuánto tardaremos en tomar esa bandera como sociedad? Mucho, si seguimos limitándonos a discutir en medios y cafeterías la culpabilidad o inocencia del procesado en cada caso. Ni siquiera deberíamos conformarnos con cuestionar la persona o los vínculos de uno u otro magistrado, fiscal, abogado o procesado.

La situación seguirá intacta, si nos mantenemos renuentes a vincular cada nuevo episodio con el amplio contexto de la judicatura colombiana y profundizar en lo que nos dicen los hechos.

Abandonar el cargo o acogerse a una justicia especial podrán ser soluciones contempladas en las normas, incluso puede que en casos particulares permita subsanar carencias e irregularidades, pero estas son circunstancias de los procesos concretos. No resuelven el problema de compuertas abiertas a la impunidad ni satisfacen a una sociedad que no puede quedar condenada a escoger entre dejar a los culpables en la calle o poner a los inocentes en la cárcel.

@ortegasebastia1