Una nueva polémica en torno a la búsqueda de la paz y la implementación del acuerdo de La Habana, surgió en las últimas horas por cuenta de la propuesta del Partido Comunes sobre la creación de un tribunal de cierre sobre los hechos de violencia que sacudieron al país durante 53 años.

De acuerdo con Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes, se trata de la creación de una instancia a la que comparezcan guerrilleros, paramilitares, militares, policías, empresarios, financiadores y determinadores de las acciones de guerra, para que entreguen su verdad sobre el conflicto, reconozcan participación y asuman responsabilidades sobre su papel en las más de cinco décadas de violencia.

“En el partido comunes lo que hemos propuesto es un tribunal de cierre, nosotros no hemos hablado de una ley de punto final, es un tribunal de cierre donde comparezcan todos los intervinientes en la guerra, que comparezcan y se responsabilicen, eso es lo que necesitamos porque es lo que nos va a permitir cerrar el conflicto y no seguir reproduciendo esta violencia que es la que tiene al país en las condiciones en que está. Allí habrán de llegar guerrillas, fuerza pública, empresarios y financiadores, no queremos cárcel para nadie, sino el reconocimiento de los hechos dolorosos que transcurrieron en el conflicto de más de 53 años, que aporten verdad, hagan sus reconocimientos y asuman sus responsabilidades, porque en la guerra no actuó una sola parte”, explicó la senadora Ramírez.

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Por su parte Ariel Ávila, Senador del Partido Alianza Verde, señaló que proponer una ley de punto final es improcedente e inconveniente en estos momentos, además, de considerar que no tendría ninguna posibilidad de hacer trámite en el Congreso.

Ávila asegura, también, que no se puede pensar en leyes de punto final porque van en contra del Estatuto de Roma que le dio vida a la Corte Penal Internacional, en la que no se aceptan amnistías, indultos ni borrón y cuenta nueva, lo que pondría al país en difíciles condiciones en el contextos de la justicia internacional, pero que además ya existen las figuras jurídicas para que cada quien asuma sus responsabilidades.

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“Una ley de punto final no solo no pasa en el Congreso en este momento, sino que es absolutamente inviable porque no cumple con el tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional que establece que no habrá ley de punto final ni borrón y cuenta nueva, lo único que corresponde para las extintas Farc es la JEP, para lo que salga del ELN y lo demás, habrá que pensar en un mecanismo de justicia transicional, pero un nuevo tribunal no es viable en este momento”, analizó el senador Verde.

En relación con la llegada y posible libertad de Salvatore Mancusso, Ariel Ávila asegura que el exjefe paramilitar ya ha dicho casi todo lo que tenía que decir en relación con quienes desde la sociedad civil impulsaron estos grupos armados al margen de la ley, tras advertir que el problema es que la Fiscalía no ha hecho el trabajo de investigar.

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“En el caso de Mancusso, diría yo, él ya ha dicho el 95 por ciento de lo que tenía que decir, lo que pasa es que la Fiscalía no investiga, lo único que le faltaría profundizar es el tema de la para-economía, pero el ya todo lo ha dicho, como la creación del bloque capital o las alianzas con los empresarios, ya la mayoría lo ha dicho, lo que pasa es que no se investiga; es cierto que con el tema de Justicia y paz, después de 20 años, hay personas que no tienen sentencias, entonces es necesario que se aceleren las sentencias, pero eso no significa crear un tribunal de cierre y nada más, sino que la Fiscalía haga un esfuerzo y cerrar sentencias”, puntualizó el senador Ariel Ávila.

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