La parapolítica llevó a la cárcel a Ramos

Casi nueve meses después de que la Corte Suprema de Justicia condenara al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos por sus nexos comprobados con el paramilitarismo, el político antioqueño se entregó ante las autoridades este martes en la estación de Policía del municipio de El Retiro.

Luis Alfredo Ramos, quien ha sido uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, específicamente con grupos parapolíticos.

El expediente de Ramos que cumplió casi 10 años en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, culminó el pasado 1 de octubre con una condena de casi ocho años de prisión por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007 mientras fue mandatario de los antioqueños.

El apoyo de los subversivos se hizo real con la financiación que asumieron en las campañas políticas para que Ramos llegara a ocupar una curul en el Congreso. Luis Alfredo Ramos fue condenado con una votación de dos a favor y uno en contra porque se probó que “se asoció con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido en el conglomerado local, regional y nacional.

Ramos, según el alto tribunal, hizo parte de una asociación paramilitar y desde allí promovió su existencia, así como sus aspiraciones al Senado de la República y la Gobernación de Antioquia. A juicio de la Sala Penal de la Corte Suprema, esos encuentros no tuvieron otro fin que llevarlo en 2002 al Senado y en 2007 a la Gobernación de Antioquia; de acuerdo con el expediente, los paramilitares le ayudaron a impulsar sus candidaturas.

En respuesta al apoyo, Ramos los terminaría beneficiando en el proyecto de Ley de Justicia y Paz que se tramitaba en el Congreso para cuando llegó al legislativo. La normativa fue la puerta que se abrió para que los paramilitares pudieran ser juzgados con beneficios a cambio de verdad en la justicia transicional, situación similar a la que ocurre actualmente con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las extintas Farc.

Ramos no fue el único político de la época que resultó salpicado por los dineros de los paramilitares. Para ese entonces, recibir dádivas del paramilitarismo era el pan de cada día, y ante sus aliados, eso no era una actuación ilegal.

No obstante, las autoridades judiciales le pusieron la lupa al caso y llegaron a condenar a más de 50 congresistas salpicados por dineros de la mafia.

Después de tantos años de Colombia cargar el lastre del paramilitarismo, la justicia le va poniendo fin a esta barbarie que permeó todas las esferas de la sociedad, especialmente, a los políticos.

¿Ya ven porqué Antioquia y su “gente de bien” hacen parte de la cuna parapolítica?