Hay 12 municipios de Antioquia ‘bajo la lupa’ por tener cuentas fiscales pendientes del año 2019 

Desde el Departamento Administrativo de Planeación, a través de la Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos, se informó en las últimas horas que se adelantarán acciones para mejorar la situación fiscal y financiera de los municipios.

Así lo informó la directora de la entidad, Claudia García Loboguerrero, quien presentó ante la Asamblea Departamental de Antioquia, el Informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios en la vigencia 2019, dando cumplimiento al Decreto 4515 de 2007.

Desde la entidad se planteó que inicialmente estarán enfocadas en el acompañamiento para la formulación y adopción de los programas de saneamiento fiscal en donde se definen estrategias para fortalecer el recaudo de ingresos tributarios y el control de gastos de funcionamiento.

En articulación con entidades como la Secretaría de Hacienda del Departamento y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA, se implementarán estrategias para el fortalecimiento de capacidades de planeación, presupuestación y gestión tributaria.

De esta manera se busca incidir en una mejor formulación y seguimiento al sistema presupuestal municipal, así como en la actualización de estatutos tributarios y la adopción de procedimientos de fiscalización tributaria.

Así se acompañará a los municipios con problemas fiscales:

Explicó la funcionaria que el compromiso es con todos los territorios, dadas las circunstancias generadas por la pandemia del Covid-19 y la disminución de ingresos en el recaudo, el cual se espera sea del 20% aproximadamente.

Por ello, planteó que es indispensable el apoyo y el acompañamiento de la Asamblea Departamental y de la Contraloría General de Antioquia en un ejercicio de corresponsabilidad.

En su informe, avalado por la Contraloría General de Antioquia, se manifestó que actualmente no cumplen con el indicador de Ley 617, los municipios de Puerto Berrío, San José de la Montaña, Toledo, Heliconia, Nariño, Montebello, Pueblorrico, Murindó, Distrito de Turbo, El Bagre, Nechí y Tarazá. Otros 16 entes territoriales quedaron en riesgo debido a que están a menos de cinco puntos porcentuales del límite.

Cabe recordar que el indicador de Ley 617 define los límites de los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales frente a los ingresos de libre destinación y fija un indicador del 80% para los municipios de categorías 4, 5 y 6; de 70% para categorías 2 y 3; de 65% para categoría primera y de 50% para municipios de categoría especial.

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