El gobierno nacional, a través del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, declaró que la propuesta del alcalde Gustavo Petro, de suspender totalmente el porte de armas en Bogotá, es una controversia vieja, con procedimientos legales establecidos para proceder.

Por Edgar Artunduaga

Lo más grave –explicó- son las armas ilegales, en manos de criminales y sujetos inescrupulosos. “Aquí debe concentrarse el foco de las autoridades”.

Pinzón manifestó que lo planteado por Petro, sin desestimarlo, no es nuevo, ha sido motivo de profundos análisis y discusiones, ha sido implementado en Bogotá y en casi todos los municipios del país (en este momento está prohibido el porte de armas en la ciudad).

El Gobernador de Antioquia, Segio Fajardo, terció en la discusión y dijo que respeta las decisiones del alcalde de Bogotá Gustavo Petro pero considera que las armas ilegales son el mayor problema de seguridad nacional, el que debe enfrentarse de inmediato.

Fajardo estima (y coincide con el Ministro de Defensa) que el grueso de los delitos son cometidos por sujetos que portan armas sin salvoconductos y hacia ellos debe enfocarse toda la fuerza del Estado, sin descartar la revisión de los permisos entregados.

El mandatario antioqueño le dijo a Petro: “Ojo, primero lo primero”.

En respuesta, el Secretario de gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolf, compartió la teoría de Fajardo y dijo que el 60 por ciento de los mil seiscientos homicidios ocurridos en la ciudad el año anterior, por lo menos novecientos fueron cometidos con armas de fuego, casi todas ilegales.

¿Hubo ligereza, precipitud en los anuncios de Petro sobre la materia? ¿Debió sopesar a fondo que un alcalde no puede decidir –sólo- la suspensión del porte de armas?

Navarro informó que en Consejo de Seguridad Distrital se le pidió al Comandante de la Brigada 13 el estudio de la suspensión total del porte de armas en la ciudad, procedimiento que se contempla para llegar a esta decisión.

Entre tanto, se anuncia la presentación de varios proyectos de ley para clarificar el panorama legal en torno a la situación.

Francisco Lloreda, Consejero para la Seguridad Ciudadana, manifestó que se requiere ser más exigentes con la expedición de salvoconductos.

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Redacción Minuto30

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