Minería de cobre en tiempos de emergencia climática

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció el pasado 18 de febrero la decisión de declarar el estado de “emergencia climática” en este departamento.

El mandatario basó su determinación en varios hechos complejos, como el aumento inusual de la temperatura, el incremento de los incendios forestales, el deterioro de la calidad del aire y el desabastecimiento crítico de agua en las subregiones de Urabá, Oriente y Valle de Aburrá.

Por su parte, la empresa minera que pretende explotar un yacimiento de cobre y otros metales en el municipio antioqueño de Jericó, informó que requiere 6.419 metros cúbicos de agua todos los días, para usarla en el proyecto.

Así lo consignó en el estudio de impacto ambiental que presentó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el 12 de diciembre de 2019.

Esa cantidad de agua es la misma que consumen 50.000 personas en un día, de acuerdo con estimativos de Empresas Públicas de Medellín a partir de un consumo diario promedio de 0,12 metros cúbicos por persona.

Para tener una idea de estas cifras en la vida real, consideremos que la población de los cuatro municipios vecinos al proyecto minero –Caramanta, Támesis, Jericó y Jardín– suma 40.000 habitantes, según el censo del DANE del año 2018.

Al comparar el anuncio del gobernador con el requerimiento de la empresa minera, surge una inquietud legítima sobre el uso que se le dará al agua de las montañas y los ríos del Suroeste de Antioquia en el futuro cercano.

Sin embargo, los promotores de la denominada “minería con propósito” intentan deslegitimar ante la opinión pública, esta y cualquier otra inquietud de la comunidad, calificándolas como “producto de la ignorancia” o “respuesta a intereses ocultos”.

Así mismo, tratan de restar validez a los análisis técnicos que ponen en duda los supuestos beneficios que generaría la mina, tildándolos de “trato malintencionado”, “información sin fundamento ni soporte académico”, “opinión errada” o “comentario destructivo”.

Insisten en decir que la megaminería será la gran generadora del bienestar, el crecimiento y el desarrollo nacional.

Pero guardan silencio ante las cifras oficiales que muestran alarmantes indicadores de necesidades básicas insatisfechas en los municipios antioqueños donde se está ejecutando minería legal.

Nunca mencionan el cráter y la deformación superficial que la mina dejaría para siempre en el corregimiento de Palocabildo, lugar de fundación de Jericó y referente turístico de la subregión.

Tampoco explican que jamás se podría volver a habitar ni a cultivar en esta zona, ni se podría garantizar que el cráter no se expanda, como ha ocurrido en otros lugares del mundo.

Olvidan decir que de aprobarse el proyecto, habría una dispersión de metales pesados al ambiente y contaminación de aguas, que la empresa propone someter a un tratamiento especial antes de que lleguen al río Cauca.

Pasan por alto que estas aguas contaminadas se seguirían produciendo después del cierre de la mina y que habría que continuar su tratamiento durante toda la vida, ya no a cargo de la minera sino del Estado y los contribuyentes.

Y para no alargar su lista de silencios e intentos de descalificación, digamos que consideran injustificada cualquier pregunta sobre la descarga a perpetuidad de 112 litros por segundo de vertimientos “no domésticos” provenientes de la mina.

Por eso es importante que la declaratoria de “emergencia climática” que hizo el gobernador de Antioquia, sirva también para comparar dos modelos económicos: el minero y el agroambiental.

Además del valioso patrimonio arqueológico heredado de los pueblos prehispánicos que llegaron a este territorio hace seis mil años, el Suroeste de Antioquia ha demostrado su vocación agrícola, ganadera, turística y ambiental mediante grandes aportes al desarrollo económico, social y cultural del departamento y del país durante los últimos dos siglos.

Sería imperdonable insertar la minería en esta subregión; sobre todo después de conocer su fracaso en otros municipios de Antioquia y de Colombia, donde es evidente el daño irreparable de los ecosistemas y el deterioro de la calidad de vida, la salud y el orden público.