La minería en la agenda del Congreso: una prioridad

Quizás, como en muy pocas ocasiones en las últimas décadas en Colombia, el Congreso de la República tiene en sus manos corregir las injusticias y el abandono del Estado hacia el sector minero tradicional y de subsistencia, del que hacen parte los indígenas y afrodescendientes que habitan zonas alejadas del Pacífico, los territorios nacionales, el Sur de Bolívar y Antioquia, a las que el Gobierno de tiempo atrás dio la espalda, olvidando que son esas comunidades las que generan con su actividad más del 80% de las exportaciones de oro, y de las regalías que por este mineral recibimos los colombianos.

Si bien históricamente el último año de un cuatrienio de Gobierno y de Congreso es el de la más baja producción legislativa como consecuencia de entrar el país en modo elecciones, las bancadas representadas en el Parlamento son conscientes de la importancia que tiene para nuestra economía y para las comunidades afrodescendientes e indígenas, que se resuelva definitivamente la problemática de la ausencia de formalización de la actividad minera de subsistencia, como de superar la estigmatización de que son objeto estos sectores, a quienes se les confunde y persigue injustamente por parte de la Policía y la Fiscalía al descalificar su actividad como ilícita.

Resulta fundamental que el Congreso le dé trámite favorable, en primer lugar, a la iniciativa de autoría del Presidente del Senado Juan Diego Gómez y del Representante Nicolás Albeiro Echeverry, dirigida a generar condiciones para que se garantice en favor de estos pequeños y medianos mineros, como para las comercializadoras de minerales, acceder a los servicios del sector financiero, hoy muy restringido por el temor a la naturaleza de esta actividad para muy escasos privilegiados, atentando con ello contra el derecho que toda persona tiene de acceder a los beneficios que ofrece la banca, olvidando que este componente resulta además, fundamental para la trazabilidad del destino de los recursos que llegan a los mineros producto de la comercialización de sus productos.

Este proyecto ya hizo tránsito en la Cámara de Representantes, y actualmente se encuentra a la espera de ser presentada la ponencia para tercer debate en el Senado, contando con un consenso mayoritario por parte de las diferentes bancadas que encuentran este proyecto fundamental para superar esta injusticia que afecta a todos los involucrados en la cadena minera, precisando que al texto que viene de la Cámara deberán introducírsele algunas modificaciones e inclusiones, lo que se espera ocurra en los restantes dos debates en el Senado. Resulta imperioso que el proyecto imponga al sector financiero y bancario tanto privado como público, quienes prestan un servicio a cargo del Estado, la obligación de garantizar a todos los mineros, barequeros, pequeños y medianos mineros y a las comercializadoras, el acceso a la utilización de los servicios que ofrece este sector.

En segundo lugar, está el proyecto de ley de legalización minera, de autoría de la Senadora Nora García Burgos, focalizado a generar los mecanismos necesarios para la legalización de la minería ancestral y la pequeña minería, ordenando la elaboración de un plan único de legalización que le permitirá a más de un millón de mineros resolver su situación jurídica y legal, alejándolos así de la estigmatización de que son víctimas, al ser considerados mineros criminales. Este Proyecto, que ya cuenta con ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, cuenta con un respaldo casi unánime de todas las bancadas políticas, como del Ministerio de Minas quienes encuentran en él una herramienta fundamental para lograr la formalización de los mineros de subsistencia y mineros tradicionales.

La última de estas iniciativas legislativas trascendentales para el sector minero, es el proyecto de autoría del Senador Jorge Robledo y el Representante Jorge Gómez, que retoma temas trascendentes contenidos en la Ley 1382 de 2010, que resolvería buena parte de la problemática minera nacional, con artículos relacionados con los distritos mineros nacionales, la integración de áreas y otros aspectos sobre la contratación de concesiones mineras, proyecto éste que hace tránsito para segundo debate en el Senado.

Si bien queda un buen trecho por recorrer por parte de estos proyectos, existe la voluntad política y gubernamental para aprobarlos, en beneficio de todos los sectores que hacen parte de la cadena minera del país.

Llegó la hora de que todos los estamentos estatales, sectores sociales, económicos y gremiales se sumen a la invitación que hoy desde esta columna hago para que respaldemos al unísono, con las modificaciones que aún faltan por introducir a los proyectos, estas iniciativas legislativas en pro de los mineros que reclaman su apoyo y respaldo para superar la estigmatización que hoy enfrentan de todos los estamentos judiciales como de la Policía. Todo lo cual redundará en beneficio para la reactivación social y económica de la hacienda pública.