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La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por los más recientes hechos acaecidos en zona rural del municipio de Nóvita, en el sur del departamento del Chocó, donde dos emberas katíos, del resguardo Sabaleta-San Onofre-El Tigre, en el sitio conocido como Alto Tamaná, fueron víctimas de una mina antipersonal del conflicto armado interno.
La entidad expresa su solidaridad con la familia de la señora Inés Guaravata Cerezo, quien de manera lamentable, al ser víctima de una mina antipersonal, perdió la vida, y su hija, de tan solo 12 años de edad, resultó seriamente afectada.
Las dos adelantaban labores agrícolas cuando fueron sorprendidas por la trampa explosiva.
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La señora, que tenía 42 años, según la información recabada por la institución nacional de derechos humanos, murió al instante, –
La niña, con heridas de consideración en varias partes de su cuerpo, incluido uno de sus ojos, fue evacuada del lugar por las autoridades locales y llevada a un centro de salud especializado, donde es atendida por un cuerpo médico interdisciplinario.
El hecho, que también es rechazado tajantemente por la Defensoría, fue advertido en la Alerta Temprana 027 del 2021, documento que sigue vigente, dados los riesgos para los habitantes de la cabecera municipal y las zonas rurales de Nóvita, derivados del accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en esa vasta zona.
Adicionalmente, la entidad ha enviado a los entes competentes siete oficios de consumación, y la semana pasada, un equipo conjunto del Sistema de Alertas Tempranas y la Regional Chocó, estuvo en la zona haciendo labores de verificación, relacionadas con los avances en el cumplimiento de la Alerta 027.
Toda la institucionalidad gubernamental, es el llamado de la Defensoría del Pueblo, debe poner en marcha medidas de prevención y protección para las comunidades de esa subregión del San Juan, y darles garantías para que puedan ejercer sus labores agrícolas, que día a día, como único medio de sustento, desarrollan. Deben, adicionalmente, implementar acciones para evitar un confinamiento masivo, pues cuando algún morador es víctima de una mina antipersonal, las comunidades, por miedo a ser blanco de una mina antipersonal, terminan confinándose.
Los grupos armados ilegales, particularmente los que adelantan conversaciones de paz, deben indicar dónde sembraron las trampas explosivas, principal hecho victimizante que no solo genera confinamientos, también desplazamientos y la muerte de civiles. Igualmente, la Defensoría los exhorta a señalar con prontitud los sitios exactos donde las instalaron, para que el desminado pueda ser llevado a cabo con éxito por las autoridades especializadas y encargadas para tan riesgosa y desafiante labor.
La población civil no puede seguir siendo víctima de las hostilidades, de los artefactos explosivos que contrarían el derecho internacional humanitario y violan los derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad y seguridad. Es algo que no puede seguir ocurriendo en Chocó, ni en ninguna región del territorio nacional.
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