Militares implicados en masacre de 22 civiles piden más plazo para aportar pruebas al juez

Siete militares mexicanos involucrados en la muerte de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya pidieron una ampliación del plazo para aportar más pruebas antes de que el juez resuelva su situación jurídica, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal.

La solicitud de la ampliación del plazo la hicieron los militares durante una declaración preparatoria que rindieron ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

«Será el próximo viernes 7 de noviembre a las a las 8:22 horas (14:22 GMT) cuando venza el plazo para que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal resuelva sobre su situación jurídica», informó el Consejo en un comunicado.

El pasado fin de semana un juzgado federal asumió el caso de los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.

A todos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además, a Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides se les acusa de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

Los hechos por los que son imputados ocurrieron el pasado 30 de junio en la comunidad San Pedro Limón, ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En un principio, el Ejército informó que 22 civiles fueron abatidos durante un enfrentamiento registrado en un operativo realizado el 30 de junio contra presuntos secuestradores.

Sin embargo, dicha versión quedó en entredicho tras el testimonio de una de las mujeres que estuvo en los hechos, quien afirmó que solo uno de los presuntos delincuentes había muerto en el tiroteo y lo demás habían sido asesinados por los militares tras rendirse.

De acuerdo con la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes, algunas de las cuales estaban heridas, fueron asesinadas por tres de los siete militares que participaron en la operación.

Otra investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que se encontraban heridos fueron asesinados por los militares.

Por este caso el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha recibido fuertes críticas de parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. EFE